viernes, 16 de mayo de 2014

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Ángela Maldonado es la persona que en múltiples ocasiones ha demandado al Profesor Patarroyo y a la FIDIC por un supuesto tráfico de micos desde Perú y Brasil.  Enrique Gil Botero es el magistrado ponente que acogió los argumentos de Maldonado y con base en ellos sancionó al Profesor Patarroyo.

Dejo las posibles interpretaciones de la coincidencia a la imaginación del lector.





Fernando Márquez


miércoles, 14 de mayo de 2014

Manuel Elkin Patarroyo vive la peor de sus pesadillas

Sobra cualquier comentario.

Ver video de la entrevista DE COLPRENSA en YOUTUBE



Manuel Elkin Patarroyo pide continuar con experimentos de vacuna contra la malaria


» Leer en LAFM.COM.CO


May 08 2014
 
Fuente: La FM
Foto: AFP.
El científico colombiano manifestó esta petición ante el Consejo de Estado.

El científico Manuel Elkin Patarroyo aseguró que se reunió con la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, para buscar una solución frente a la situación que se ha presentado con el estudio de los monos.
 
Patarroyo aseguró que le explicó a la jurista que esos monos “con los cuales nos han sancionado durante cerca de 3 años que han impedido el desarrollo de la vacuna de ese nivel, resulta que son totalmente colombianos”.
 
Agregó que se analizó detalladamente el fallo que profirió en su momento el alto tribunal, donde se indicó que “no entiende por qué los ecologistas han venido insistiendo en que esa especie es una especie autóctona del perú cuando el ADN demuestra absolutamente todo lo contrario”. 
 
Patarroyo fue enfático en señalar que “llevamos tres años y medio de retraso y la vacuna debía haberla entregado hace dos, por una razón muy sencilla; la malaria afecta a 200 millones de personas, como mínimo y hay un millón 200 mil de muertes al año, de manera que ese retraso significa ese número de muertos y de enfermos”.

Justicia vs Ciencia








La absurda decisión del Consejo de Estado de frenar la investigacion de Patarroyo

Por:   | mayo 13, 2014
 
Justicia vs Ciencia 
Foto: Elespectador.com


Si algún motivo existiera para cuestionar la capacidad de la justicia para decidir razonada y racionalmente sobre asuntos de la mayor trascendencia para una sociedad, bastaría una sola, la decisión del Consejo de Estado prohibir los experimentos con los monos nocturnos Aotus Vociferans por el equipo científico de Manuel Elkin Patarroyo hasta que él no se someta a la ley.

De una manera lapidaria el Consejo de Estado dijo con base en una acción popular interpuesta, como no, por otro abogado, que Patarroyo no podría seguir usando a esa especie para sus experimentos para la búsqueda de una vacuna contra la malaria, una enfermedad que cobra aproximadamente 700 mil víctimas cada año según la Organización Mundial de la Salud, especialmente entre niños de países extremadamente pobres, mujeres gestantes y pacientes de VIH-Sida en el que la malaria es un detonante de la debilidad inmunológica.

Así la justicia ordenó no seguir con los experimentos con monos para avanzar en las investigaciones para desarrollar la vacuna contra padecimientos de salud que castigan a los pobres del mundo en cientos de miles. Las razones no son muy claras porque están dichas en sentido autoritario, de manera que lo único que queda claro es que el doctor Patarroyo y su equipo están fuera de la ley. Lo dicen los abogados.

No me simpatiza el doctor Patarroyo; su vanidad le hizo anticipar avances que aún estaban en fase de experimentación y fue postulado por sus áulicos a reconocimientos internacionales inmerecidos de acuerdo con el estado del arte de sus investigaciones.

Pero cosa muy diferente es que un fallo judicial disponga que es ilegal un procedimiento de investigación estandarizado mundialmente, que es experimentar en animales como paso previo a ensayar con humanos. Nada reemplaza la experimentación con mamíferos como preludio a la experimentación con humanos, salvo los experimentos con humanos mismos. No hay métodos de simulación sintética en laboratorio suficientemente fiables, hay que acudir a los seres vivos más parecidos a los humanos, a los mamíferos. Eso es lo que dicen los científicos.

La claridad pretendida por el Consejo de Estado en un pronunciamiento posterior no ayuda mucho, pues es ambiguo y confuso, como suele ser todo lo de los abogados, especialmente cuando se ven enfrentados a la polémica porque no pueden sustentar racionalmente, con argumentos comprensibles susceptibles de ser debatidos; hacen lo que los norteamericanos llaman “Jibber Jabber”, parlotería enredada para enmascarar su ignorancia, pero eso sí, dicha con mucha autoridad.

Desde esa posición autoritaria el magistrado Enrique Gil Botero dijo que Patarroyo estaba “desinformando” a la comunidad científica con ocasión de la carta enviada por 150 científicos en la que protestaban por la medida.

Bastante osado el comentario del doctor Gil Botero. Descalificar como manipuladores a los científicos que le llaman la atención sobre los efectos de la medida, es muy atrevido y no hace más que acreditar la crítica. Cuando un abogado dice que el gremio especializado que señala un error está engañando a la opinión pública, reafirma la validez del cuestionamiento. Cualquier ciudadano se preguntará legítimamente si tiene más peso en materias científicas experimentales la opinión de un abogado o la de casi toda la comunidad científica.

Este episodio prueba la capacidad de interferencia judicial irracional en decisiones especializadas. El Consejo de Estado es totalmente ambiguo e impreciso sobre los fundamentos y fines de su instrucción. Dice que Patarroyo deberá “ajustarse a la ley” y puede usar animales con fines de experimentación “siempre y cuando no se vulneren sus derechos”. Esta es una forma autoritaria de hablar, invocando la autoridad normativa por sí misma y poniendo a la contraparte al margen de la ley. Los científicos la tendrán difícil para seguir investigando sin vulnerar los “derechos de los animales” porque prevalecen sobre los derechos de los pobres del mundo. Los abogados les han trazado una delgada y peligrosa línea de ilegalidad a los científicos.

La justicia colombiana se deleita en afirmaciones sin sentido sobre temas especializados y haciendo demagogia con argumentos supinos, construidos desde la pereza de reflexionar más a fondo sobre los problemas que pretenden resolver y las consecuencias de sus decisiones. No solo en el caso Patarroyo en el que unos abogados deciden cómo debe investigarse, sino en otros en el que los abogados deciden cómo es que los ingenieros deben construir puentes.

Si el Consejo de Estado tuviera algo más qué decir como razón justificativa para impedirle a Patarroyo usar los monos Aoutus Vociferans en sus experimentos, debería señalar causas científicas para ello. Pero nada, simplemente lo que en lógica se llama la petición de principio que es dar por probado lo que tiene que probar.

La mejor prueba es la entrevista en El Espectador en la que el doctor Gil Botero discurre sin continencia alguna sobre la forma en que los animales “así como ocurrió con los negros y las mujeres” fueron excluidos del “contrato social”, pero gracias a los abogados fueron incluidos. Son frases y más frases de cajón dichas sin prudencia ni medida, ni seriedad o perspectivas históricas, mucho menos científicas.

Que esto pase en Colombia es más triste aún, porque es un país con muy poca ciencia y muy pocos científicos. Que los pocos que hacen esa poca ciencia nacional vean sus trabajos de años interferidos por la dictadura de los jueces, le causa un daño enorme al país. La ciencia no puede detenerse, las investigaciones deben ser constantes y ello involucra experimentación permanente.

Es increíble que los científicos colombianos que no han tenido que enfrentar retos importantes a su trabajo desde otras posiciones autoritarias anticientíficas, como por ejemplo la iglesia, tengan que soportar este desafío del “Estado de derecho”. Problemas que les saltan desde las bambalinas en las que se ocultan abogados que demandan para que abogados decidan.

Y, como suele pasar con estas decisiones demagógicas basadas en un propósito en apariencia noble como la protección ambiental, los jueces se ganan unas cuantas palmas del fanatismo ambiental pero desvía la atención del verdadero problema que es que esa especie y muchas otras no están siendo vulneradas ni amenazadas por la caza científica, hecha además en virtud de procesos de cooperación institucional entre entidades científicas. El riesgo del Aotus Vociferans, lo ha dicho la entidad de protección ambiental del Perú, es la caza excesiva con otros propósitos, para el tráfico internacional de especies silvestres con fines lucrativos y, obviamente la destrucción de su hábitat.

Esos problemas que son los reales, ni los analizan, ni los enfrentan. Prefieren írsele a Patarroyo acusándolo de no respetar las leyes, ordenando la suspensión de los permisos de su centro de investigación y parando los experimentos para buscar una vacuna contra una enfermedad tropical mortífera mundialmente. No es una sentencia a favor del medio ambiente porque es marginal su efecto en ese punto, ya que no enfrenta la causa real de la amenaza al hábitat del mono que es la destrucción del bosque amazónico en el que poco tienen que ver los científicos y sí mucho que ver las empresas extractoras de minería, de especies vegetales y madera. Pero a ellos, los verdaderos representantes del poder económico construido con la depredación ambiental con fines de lucro ni los tocan.

Es más fácil con los científicos, que son la parte delgada de la cuerda de un problema profundo, porque a los jueces como diría Carlos Fuentes, se les da muy bien siendo fuertes con los débiles.
La ciencia siempre ha estado a la vanguardia del derecho. Y en la protección ambiental eso sí que es cierto. Es la información científica la que ha llevado a cambios normativos para la defensa del medio ambiente y no las leyes las que han impulsado la ciencia, que por el contrario siempre se ha tenido que enfrentar a restricciones normativas de cada tiempo dado. De ser por los abogados de antes, los jueces del Santo Oficio, el mundo seguiría siendo plano y el universo geocéntrico.

Que se preocupen los científicos, porque seguro hay otro abogado que en estos momentos está pensando si la carta de 150 científicos cuestionados por Gil Botero por apoyar a Patarroyo, quien no está dentro de los “marcos de la ley”, es la “prueba reina” de un concierto para delinquir.






jueves, 8 de mayo de 2014

¿HAY GARANTÍAS PARA PATARROYO EN COLOMBIA?


Las notas escritas recientemente sobre el profesor Manuel Elkin Patarroyo en EL ESPECTADOR, bajo los títulos Patarroyo está desinformando a la comunidad científica: Consejo de Estado”, “Consejo de Estado aclara que no ha ordenado cancelar las investigaciones científicas”, y “Patarroyo tiene que adecuarse a la ley son pronunciamientos oficiales de este órgano judicial cuyo canal natural no son los medios de comunicación.


La carta firmada por la comunidad científica colombiana rechazando el fallo que le prohíbe a la FIDIC utilizar micos para probar péptidos candidatos a vacuna, que abre la puerta para que en el futuro cualquiera con argumentos de tinte ecologista les impida utilizar animales, ha tenido el efecto de poner a los miembros del alto tribunal a dar explicaciones no pedidas, a justificar su dictamen y a tratar de enmendar de cualquier manera su equivocación.  Obviamente solo analizaron la parte más pequeña de un problema complejo y de grandes dimensiones que ahora no saben como manejar.


Antes de atender los argumentos de los interesados en demandar a Patarroyo y su grupo han debido pedir y escuchar la opinión de los científicos, especialmente de los que utilizan animales para desarrollar su trabajo académico e investigativo, que apenas ahora caen en cuenta del riesgo que se les avecina de prosperar tal sentencia.

Lo grave del asunto no está en lo que digan, sino en la manera equivocada que escogieron para hacerlo. Patarroyo, como cualquier ciudadano colombiano, tiene el derecho a la protección de su vida, honra y bienes, derecho elemental consagrado en la Constitución Nacional. Si los encargados de hacer justicia no tienen reparo en salir a dar declaraciones en las que se acusa y compromete el buen nombre del  científico colombiano, aquello de la justicia pronta y cumplida que ordena la Constitución no es ni lo uno ni lo otro. Ni siquiera fueron a conocer por si mismos las condiciones en que se utilizan los micos en la FIDIC. 

Faltan seriedad y respeto por quien ha puesto el nombre de Colombia en el escenario científico mundial; no es por simpatía que figura en los libros de historia y ha sido objeto de reconocimientos de la mayor importancia en todo el mundo, a menos que los Honorables Magistrados crean que los investigadores, varios premios Nobel entre ellos,   son un montón de tontos fáciles de engañar. Lo mejor que pueden hacer por el país es reconocer que se equivocaron, asesorarse bien y revisar el fallo y sus consecuencias, que nada bueno le aportan a la ciencia hecha en Colombia.  

Fernando Márquez
  




lunes, 5 de mayo de 2014

¿Y LA JUSTICIA COLOMBIANA QUE?


Entropika es una ONG cuyas fuentes de financiación, según su propia página web, provienen en su totalidad de organizaciones extranjeras entre las que mencionan:

  • Funding institutions: The Whitley Fund for Nature, The Rufford Small Grants, Rainforest Concern, WWF - EFN, The International Primate Protection League (IPPL – US), The British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV - UK), The Kilverstone Charitable Trust, and The American Society of Primatologists.

Resulta extraño que una entidad de tales características se arrogue -¿o se lo concedió alguien?- el derecho a imponer condiciones y a vigilar las actividades de organizaciones científicas nacionales, establecidas en el país desde siempre, que por ley deben seguir los lineamientos y rendir cuentas a las autoridades colombianas en primer lugar.   

"If the FIDIC want to continue research using owl monkeys they must establish a captive breeding colony following the protocols provided by Entropika. In addition, the ruling ordered the establishment of a verification committee, to include members of Entropika in order to guarantee compliance of the judgement."  

¿Es posible que la justicia colombiana se haya declarado incapaz de manejar sus propios asuntos y tengan que entregarlos a Entropika? ¿No existen en Colombia científicos capaces de formular protocolos que atiendan a las necesidades vitales de los colombianos? ¿No saben mas de ciencia e investigación los expertos de la Universidad Nacional de Colombia que los abogados duchos en literales e incisos? ¿Por qué Entropika y no la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo?

Pese a las demandas y cuestionamientos contra Patarroyo, la FIDIC y las autoridades colombianas competentes, como el Ministerio de Ambiente y Corpoamazonia, son estas las que deben ejercer las labores de vigilancia a que haya lugar, no terceras personas abiertamente opuestas a la investigación de Patarroyo, con el interés y los recursos necesarios para entablar demandas judiciales de manera sistemática y permanente. 

Con razón la comunidad científica colombiana se pronunció de manera tan enérgica al respecto, si de lo que se trata es, nada menos, que de someter la actividad investigativa del país al criterio de otra gente.  

Si a esto deben plegarse Patarroyo y su grupo, lo mejor será que se vayan a otro lugar donde haya personas con la sensibilidad suficiente para darle a la vida de los seres humanos por lo menos el mismo valor que los otros le dan a la de los micos, ratones, cerdos y demás animales que se utilizan para efectuar pruebas biomédicas en todo el mundo, de los contrario estará condenado a arrojar 35 años de trabajo desinteresado, arduo y honesto a la basura, para desgracia de quienes necesitan vacunas y medicamentos pero no tiene con que pagarlos.

Fernando Márquez