jueves, 29 de octubre de 2015

Los enemigos agazapados de Patarroyo (II)


Sanción a Corpoamazonia confirma sospechas del científico

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, notificó el pasado 28 de octubre de 2015 al científico Manuel Elkin Patarroyo (Radicación No. 11001-03-15-000-2014-00723-02) sobre la sanción impuesta a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, por desacatar la orden emitida por el órgano judicial para que en el plazo de treinta días contados a partir del 12 de diciembre de 2014, fecha de emisión del fallo, (Referencia No. 11001-03-15-000-2014-00723-00), presentara un informe para determinar si la FIDIC, el instituto que dirige Patarroyo, ha cumplido con las exigencias impuestas, para autorizar el desarrollo del proyecto “Captura y Estudio de Investigación Científica en diversidad Biológica de Primates en la cuenca del Río Amazonas en el trapecio Amazónico Colombiano”.  
    Foto: Archivo / EL TIEMPO

El valor de la multa es de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que resulta apenas simbólico frente a los multimillonarios presupuestos que maneja la Corporación; la importancia de la sanción consiste en que confirma las sospechas del científico de que hay funcionarios que maniobran para obstaculizar su trabajo. “Enemigos agazapados” de la vacuna contra la malaria en Colombia, enquistados en instituciones que son las autoridades competentes a las que por fuerza tiene que acudir. No hay otras instancias. 

El Consejo de Estado también le ordenó a Corpoamazonia levantar automáticamente la suspensión provisional del permiso para el desarrollo del proyecto, en el evento de que el informe presentado fuera favorable a la FIDIC, pero Corpoamazonia introdujo nuevos requisitos con base en los cuales alegó un supuesto incumplimiento y dilató la expedición del permiso y de los lineamientos técnicos que debía cumplir. “En ese sentido, no hay lugar a duda de que, so pretexto de resolver la solicitud de ampliación y modificación del permiso, presentada por la FIDIC, CORPOAMAZONÍA no le puede exigir a la Fundación accionante otros requisitos ni ´nuevas condiciones´, como esa misma entidad los llama, distintos de los que ya le había exigido para expedirle el permiso de investigación”, dice el texto del fallo sancionatorio. Esto es, que el análisis se debía efectuar con sustento en los requisitos que se le exigieron a la FIDIC al momento en que se expidieron esos actos administrativos y no en otros”.

En resumen: para la FIDIC era imposible cumplir requisitos que ni siquiera conocía, con respecto a actividades ya ejecutadas. Es claro que las nuevas exigencias solo podrían cumplirse con respecto a actividades futuras, no pasadas, y que por lo tanto exigir su cumplimiento como condición para la expedición del permiso es una maniobra malintencionada.

De esta manera el cumplimiento de la orden del Consejo de Estado se demoró meses y cuando al fin la obedeció, le impuso a Patarroyo y a la FIDIC unos requisitos de muy difícil cumplimiento, que se niegan a modificar. La responsabilidad se la endosan mutuamente Corpoamazonía y el Sinchi con la participación del Ministerio de Ambiente. La primera dice que la redacción es del Sinchi, el ente que formuló las nuevas exigencias, y este asegura que se limitó a formular unas recomendaciones que no son de obligatorio cumplimiento, con base en las recomendaciones de un “Comité Técnico de Especies Amenazadas” convocado por el Ministerio de Ambiente, entidad pública autónoma al respecto, y que es decisión de Corpoamazonía acoger o no sus recomendaciones. Esta una actitud desgastante e irrespetuosa, muy parecida al desfile interminable por ventanillas y dependencias al que algunas entidades someten a sus obligados visitantes, so pena de ser sancionados o encarcelados por incumplir sus obligaciones.

La investigación de la FIDIC ya cumple cuatro años de parálisis total. Es hora de que Corpoamazonia, el Sinchi, el Ministerio de Ambiente y quienes estén involucrados en la toma de decisiones al respecto, cumplan las órdenes judiciales sin más preámbulos o que, francamente, le informen al país y a Patarroyo las razones, si las hay, de su renuencia a permitir el desarrollo del proyecto. 

Colombia es un país donde investigar es muy difícil, por razones económicas, por falta de personal calificado, por los elevados costos de  los insumos y equipos, pero mucho más por la burocracia que entorpece y demora por el simple prurito de “ejercer la autoridad”, porque Patarroyo les resulta antipático o por razones esotéricas que solo ellos, los iluminados, conocen. 

En todo caso, de lo que se trata es de trabajar para salvar vidas humanas, sin otra aspiración que hacerlo solucionando los obstáculos que plantea la  investigación en sí misma, no las imposiciones arbitrarias e incoherentes de quienes deberían resolver los problemas existentes en lugar de crear otros nuevos.  ¿Es tan difícil de entender? 

Fernando Márquez

Fallo autoriza apertura de laboratorio de Patarroyo en Leticia

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Consejo de Estado amparó derecho al debido proceso y a la investigación del Inst. de Inmunología.

Por:  REDACCIÓN SALUD | 
4:50 p.m. | 29 de octubre de 2015

El inmunólogo colombiano asegura que reiniciará investigaciones tan pronto finalicen las readecuaciones del laboratorio en Leticia, cerrado desde julio del 2012.
Foto: Archivo / EL TIEMPO

El inmunólogo colombiano asegura que reiniciará investigaciones tan pronto finalicen las readecuaciones del laboratorio en Leticia, cerrado desde julio del 2012. 

En un fallo proferido el 22 de octubre, el Consejo de Estado multó a Corpoamazonía por desacatar las órdenes que éste impartió en una sentencia de tutela en diciembre del 2014, y con la cual amparaba los derechos fundamentales al debido proceso e investigación científica de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (Fidic), dirigida por Manuel Elkin Patarroyo.

En su decisión, este tribunal declaró el levantamiento de la suspensión provisional que le había sido impuesta al permiso de investigación científica sobre primates que Corpoamazonía le había otorgado en el 2010 a la Fidic, y dejó sentado que la fundación está habilitada para reanudar en su sede de Leticia (Amazonas) sus investigaciones científicas con monos de la especie ‘Aotus vociferans’.

El Consejo también advirtió que las autoridades ambientales no podrán exigirle requisitos o condiciones diferentes, nuevas o adicionales, a las que ya están previstas en los actos administrativos que le concedieron el permiso.

Gloria Lucía Álvarez Pinto, experta en derecho ambiental y apoderada de la Fidic, recordó que hace más de cinco años se inició una acción popular contra la fundación, que fue acusada por un supuesto tráfico de especies (se alegaba que los monos capturados procedían de Perú).

De acuerdo con Álvarez, “aunque estudios de la Universidad Nacional demostraron que los monos también eran endémicos de Colombia, lo cual dejó sin piso la acusación de tráfico, se insistió en dicha acción; a raíz de eso la fundación ha sido víctima de calumnias y difamaciones, que dieron lugar a que por órdenes judiciales y administrativas se suspendieran, en julio del 2012, las investigaciones científicas que sobre malaria y otras enfermedades desarrolla la Fidic en Leticia”. (Lea aquí: 'Si cierran el laboratorio, no habrá vacuna contra la malaria: Patarroyo')

La Fidic interpuso una acción de tutela buscando el amparo de los derechos al debido proceso e investigación científica, que dio como resultado un fallo el 12 de diciembre del 2014; este declaró la nulidad de dos fallos proferidos dentro de la acción popular por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Patarroyo celebró el fallo y aseguró que “por fin podremos seguir trabajando para poder entregarle a la humanidad una vacuna totalmente efectiva contra la malaria”.

Frente a las críticas lanzadas por animalistas y ambientalistas, en torno a un supuesto maltrato de los monos usados en las investigaciones de la vacuna, el investigador dijo que “respeto enormemente sus opiniones, pero insisto en que no hay razón para estar preocupados por el bienestar de los monos y la preservación de la selva; tenemos códigos inflexibles de ética frente al cuidado y bienestar de estos animales, que para nosotros son muy útiles; ellos siempre son liberados sanos en su hábitat”.

El inmunólogo aclaró que para reiniciar los trabajos es necesario volver a organizar el Instituto y vincularse de nuevo con comunidades científicas e indígenas.

REDACCIÓN SALUD

martes, 27 de octubre de 2015

NO USARAN VACUNA CONTRA LA MALARIA EN ÁFRICA

>> Leer en ELESPECTADOR.COM

El artículo publicado por EL ESPECTADOR el 23 de octubre de 2015 (Ver link arriba) es una muestra de la forma en que los medios de comunicación distorsionan y sesgan la información, en función de sus propios intereses, la de quienes pagan por su pauta publicitaria o, simplemente, por ineptitud o negligencia. Cualquiera que sea el caso, es grave que los lectores no puedan confiar en la información que proporcionan a sus lectores. El mayor activo de cualquier medio periodístico es su credibilidad. 

Como desinformar objetivamente:
 
Si se dictara una cátedra periodística sobre como mentirle a los lectores desde el título, este artículo sería ideal para ilustrarla. Como no es así, nos toca esforzarnos para evitar que los intereses de los dueños del medio, económicos o de cualquier otro orden, primen sobre nuestro derecho a ser informados veraz y oportunamente. Quien lea únicamente el encabezado “Usarán vacuna contra la malaria en África” quedará convencido de que van a usar la vacuna contra la malaria en África. No es así. 

Lo que dice la OMS es que “aplaza su decisión sobre la vacuna de la malaria”. No sé si alcancen a captar las implicaciones de la decisión. Los periodistas a cargo de la sección Redacción Salud también lo dicen, pero no como debieran: “Cuando se creía que ya todo estaba listo para comercializar y aplicar la vacuna en África, voceros de la Organización Mundial de la Salud han pedido una última prueba a sus fabricantes. La agencia sanitaria de la ONU ha recomendado que inicialmente un millón de niños reciban la inmunización en estudios piloto, para comprobar la viabilidad del tratamiento”.  Es decir, no saben si sirve. ¿No les parece grave que experimenten con un millón de niños? ¿Han oído sobre los casos de meningitis y convulsiones ocasionados por la vacuna? 
Usarán vacuna contra la malaria en África

Ese pequeño detalle significa que, según ustedes mismos,  “La nueva vacuna no es la solución soñada para combatir esta enfermedad, que produce cada año alrededor de 198 millones de casos y cobra la vida de 584.000 personas, la mayoría niños. Por ahora se sabe que la vacuna tiene una eficacia del 30 %”, que es menor a la eficacia de SPf66, la vacuna de Patarroyo, hace 25 años. Y vale 20 dólares, que son una fortuna para los países pobres de África. 

¿Alguna idea sobre quien los va a pagar, si deciden utilizarla algún día?

“De acuerdo con lo anunciado por el laboratorio GSK, la vacuna está siendo evaluada como una herramienta de control de la malaria complementaria que podría ser añadida, pero no reemplaza el paquete básico de medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento de la malaria”.  Digan con franqueza que el  “paquete básico” consiste en una mosquitera impregnada con insecticida y en sacar el agua de los charcos, que resultaron ser medidas de prevención más efectivas que RTS,S. 

Y digan También que con las condiciones impuestas por la OMS, el título más acertado sería “NO Usarán vacuna contra la malaria en África”. Hay más, pero dejemos así, por ahora.  Una pregunta: ¿Glaxo contrata algún tipo de pauta con EL ESPECTADOR? 

Fernando Márquez

jueves, 22 de octubre de 2015

PATARROYO: SER PILO NO SIEMPRE PAGA



El Profesor Manuel Elkin Patarroyo  explica con precisión y rapidez como se fabrican las vacunas sintéticas, paso a paso. Describe con exactitud el número y la localización de cada átomo, de cada proteína, que se cuentan por miles, en el genoma del parásito de la malaria, del virus causante de la hepatitis C, del virus del papiloma humano. Sabe que contiene cada uno del cúmulo de artículos y revistas científicas que tiene sobre su mesa de trabajo. Conoce al dedillo la composición de cada uno de los más de 39 mil péptidos que ha sintetizado a lo largo de su carrera como investigador. Habla con propiedad de economía, de política, de petróleo, de arte, de cualquier tema, pero frena en seco cuando trata de explicar cómo funcionan las autoridades ambientales en Colombia.  No entiendo nada, confiesa. No sé si sea torpeza, ignorancia o la salida del closet de algunos enemigos gratuitos y agazapados que tengo, pero nos hacen un daño brutal. Es más sencillo formular las reglas para producir vacunas que entender el modus operandi de Corpoamazonia y el Sinchi. Llevamos tres años de parálisis y no vemos soluciones reales en el corto plazo aunque haya órdenes precisas al respecto, dice.  

  
Y tiene razón: un buen ejemplo del mal funcionamiento de la burocracia oficial lo dan las autoridades ambientales del Amazonas. A finales del año 2014 el Consejo de Estado le ordenó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, fijar las condiciones para que Patarroyo pudiera utilizar nuevamente micos para la realización de pruebas biomédicas. Corpoamazonia solicitó el concepto del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, que convocó un “Comité de especies Amenazadas”, subordinado al “Comité Coordinador de Categorización de las Especies Silvestres Amenazadas”, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a quien le transladan la responsabilidad por su conformación.   

El resultado de las convocatorias de los comités fue un documento de 12 páginas llamado “Propuesta técnica de la cuota de aprovechamiento de Aotus vociferans”, en el que se mezclan requerimientos válidos, lógicos y necesarios con otros francamente exóticos, que son en realidad una negativa disfrazada para impedir el uso de los animales. Sí, pero no.

Los parámetros poblacionales, reproductivos y de mortalidad para las simulaciones se establecieron a partir de la información disponible en la literatura científica, con datos de colonias en cautiverio, –cuya situación de confinamiento altera su sistema inmune, reduce sus tasas de reproducción, favorece la endogamia y distorsiona los resultados– y algunos de poblaciones silvestres, especialmente de Aotus vociferans pero incluyendo otras especies del género, dice el documento.

Ni Corpoamazonia ni el Sinchi han desarrollado estudios propios y confiables que les permitan tomar decisiones ajustadas a la realidad. Todo se basa en simulaciones, hipótesis, probabilidades, presunciones  y consulta de la poca información disponible.  “Se asumió que la capacidad de carga para la especie en la zona del Trapecio Amazónico corresponde a las densidades poblacionales estimadas en áreas sin aprovechamiento, las cuales equivalen a 29.5 individuos por kilómetro cuadrado”.  Con base en tal estimación se modificaron las áreas de colecta, con lo cual se triplicaron las distancias, el tiempo y la dificultad que los colectores deben afrontar para completar el número de micos autorizado.

El Profesor Sergio Castro es biólogo, docente y conocedor a fondo de estos asuntos; él decidió presentar un derecho de petición al Director General de  Corpoamazonia, William Mauricio Rengifo Velasco, solicitando la revisión de dos de los requisitos o recomendaciones que consideró irrealizables: la práctica de pruebas de ADN  in situ y la condena tácita a los animales empleados para las pruebas, sometidos a cautiverio de por vida o a ser sacrificados, y la publicación de las hojas de vida de los expertos contratados, con el fin de verificar sus competencias como primatólogos.  

La respuesta de Corpoamazonia, firmada por Mauricio Valencia Sepúlveda, Subdirector de Administración Ambiental, asombra por su irresponsabilidad, considerando que este organismo es la máxima autoridad ambiental en su jurisdicción: “la solicitud de modificación debe hacerse ante el Sinchi, instituto encargado de la emisión de la propuesta técnica, más no ante Corpoamazonia, aclarando que el documento de propuesta no es de carácter vinculante, por ello está supeditado hacer (sic) (¿no revisan sus escritos?)  acogido o no por quien lo solicite”, es decir, Corpoamazonia. En su favor puede decirse que la sugerencia del Sinchi referente a la prohibición de liberar los especímenes sometidos a experimentación biomédica de nuevo al medio silvestre no fue acogida, ya que, como lo reconocen ellos mismos, “se tienen aproximaciones del éxito de re-incorporación (sic) a la población de los individuos que sobreviven tras la liberación”. (Sinchi, 2012).Se asumió una población cerrada, (sin inmigración ni emigración), aun cuando es muy poco probable que la población se comporte así. Sin embargo esta aproximación genera resultados más conservadores”. Si es “poco probable” que la población se comporte así, ¿cómo pueden imponer –o sugerir– requisitos cuyos buenos resultados también podrían ser “poco probables”? ¿Se trata de experimentar, a ver si resulta? y si no resulta, ¿quién responde?

Por su parte el Sinchi, a través de su Directora, Luz  Marina Mantilla Cárdenas, respondió las peticiones del biólogo, Profesor Sergio Castro, diciendo que la propuesta técnica no contiene requisitos de obligatorio cumplimiento, que ellos se limitan a enviar sugerencias. “Corpoamazonia es la máxima autoridad ambiental y es a ellos a quienes corresponde decidir si acogen o no sus recomendaciones”, dice. Es lo que coloquialmente se llama “peloteo”, una estrategia eficiente para enredar y demorar las soluciones que se requieren. ¿Cómo puede conocer Patarroyo con certeza las condiciones que debe cumplir?  ¿Qué pasaría si incumplo alguna regla no suficientemente clara?, pregunta.   

El Sinchi insiste en la inconveniencia de liberar los animales nuevamente en su hábitat natural: “no contemplar la liberación de individuos sometidos a experimentación biomédica de nuevo al medio silvestre”. Según se informó a Corpoamazonia, dice su directora, este requisito debe entenderse así: “Es necesario contemplar que los individuos que han sido sometidos a experimentación biomédica no retornen al medio silvestre. Por protocolos sanitarios no es recomendable devolverlos al medio”. ¿Cuáles protocolos? ¿Quién los estableció? ¿Con que criterios? “Es pertinente iniciar una investigación para desarrollar colonias que en un futuro cercano aporten primates para diversas investigaciones”. Aquí pierden los animales, los recursos que dicen proteger y los investigadores, sometidos a los dictados de unos organismos que dan órdenes confusas que ni ellos mismos saben bien como cumplir. Corpoamazonia “en cada lugar de cosecha, previo a la extracción, y de manera simultánea con la estimación de densidad, debe obtener muestras de tejido de algunos individuos para identificación molecular, (determinación del taxón a través de un análisis de ADN para corroborar la presencia de la especie permitida en el permiso”. ¿Llevarán secuenciador y equipo de PCR a la selva?  ¿Podrán hacer en minutos, debajo de un árbol, lo que un laboratorio especializado, con dedicación exclusiva tardaría 10 o 12 horas en realizar? ¿Dónde piensan conectar los equipos?   

Tanto el Sinchi como Corpoamazonia se negaron a publicar las hojas de vida de los expertos en primates y manejo de fauna silvestre que apoyaron el estudio porque ellos no han consentido en la revelación de sus datos personales, “por lo cual la entrega de dicha información violaría su derecho a la intimidad”.  Lo que se solicitó en los derechos de petición elevados ante estos organismos no fueron sus datos personales sino la demostración de su experticia en primatología. Algunos miembros de estos comités son académicos conocidos y respetados en su ámbito, pero no son primatólogos; la precisión es importante porque son personas con el poder de definir, con base en su criterio y conocimientos, la viabilidad o parálisis de investigaciones importantes no solo para el país sino para la humanidad. Aunque son parte de la fauna silvestre, hay una distancia biológica enorme entre las mariposas, los murciélagos, los mosquitos, otros mamíferos pequeños y las ranas, por ejemplo, con respecto a los primates. 

Hay más que intereses ambientales en todo esto. Solamente el Sinchi obtuvo para la vigencia de 2015 $47200 millones de pesos mientras los 8280 grupos más de investigación que hay registrados ante Colciencias tuvieron que disputarse a codazos exiguos 28 mil millones de pesos, lo cual da una idea precisa de las inequidades y favoritismos con que se maneja la investigación en Colombia. Para comprobarlo basta con comparar la producción científica y el impacto de las publicaciones de cada uno de estos grupos. Algo va del estudio de las propiedades y delicias del ají amazónico a la formulación de las reglas para la producción de vacunas químicamente hechas.  
  
Lo que sigue para Patarroyo es un pantano de idas y venidas en busca de unas reglas de juego claras y acordes con la realidad de la investigación científica en el país, por las que ninguno responde. Mientras aparecen, es oportuno recordar que cada minuto muere una persona por malaria en el mundo y 17 millones cada año por enfermedades que podrían prevenirse si tuviéramos las vacunas necesarias. Las demoras injustificadas en el desarrollo de vacunas y procedimientos se pagan en vidas humanas.

Fernando  Márquez