Durante el año 2010, según estadísticas de la OMS, la malaria produjo 219 millones de casos clínicos y mató 660,000 personas, la mayoría niños africanos pobres. La comercialización de medicamentos tiene que ser una opción secundaria al desarrollo de vacunas para prevenir la enfermedad, aunque ello suponga una disminución de las utilidades que obtiene la industria farmacéutica por este concepto.
Septiembre 27 - 2014 - 01:01 pm / Duración: 0:10:06
Foto: El Espectador
El científico colombiano
Manuel Elkin Patarroyo dijo en BLU Radio que los cuestionamientos que ha
recibido en el desarrollo de su actividad se deben a que él ha sido el
“único que ha tocado intereses económicos de las grandes
multinacionales”, tal como se lo recordó una periodista en una
conferencia.
“Ella me dijo: usted está tocándole el bolsillo a las grandes
multinacionales porque daría vacunas a 3.500 millones de personas”,
aseguró.
En cuanto a sus desarrollos científicos dijo que él y su equipo “no
van detrás de la vacuna contra la malaria exclusivamente”, sino también
del descubrimiento de una metodología para el desarrollo de los demás
vacunas”.
Por esta razón, insistió que eso toca los intereses económicos de
muchos ya que solo producir una dosis de la vacuna solo le cuesta 7
centavos de dólar, es decir 140 pesos.
“Las multinacionales farmacéuticas la venderían en 150 dólares, dos
mil veces el costo. Yo lo que he pretendido es que a través de este
método, que es absolutamente novedoso, se les acabe el interés de las
multinacionales farmacéuticas”, dijo.
Septiembre 27 - 2014 - 01:12 pm / Duración: 0:12:19
Foto: El Espectador
El científico colombiano
Manuel Elkin Patorroyo dijo en BLU Radio que si le hubieran permitido
seguir adelante con sus investigaciones con monos hubiera sido muy fácil
encontrar una vacuna contra el ébola, la enfermedad que amenaza al
mundo por su alto nivel de contagiosidad.
“Si tuviéramos los miquitos le puedo garantizar que con nuestro
método para desarrollar vacunas, el ébola hubiera tenido una solución
definitiva en cuestión de meses. Hubiera sido una solución universal a
nombre de Colombia”, manifestó.
En ese sentido dijo que la responsabilidad debe caer sobre los demandantes por el uso de estos animales.
Además, indicó que de haber continuado con las investigaciones ya
habría encontrado una solución para el problema de la malaria, lo que
“significaría un millón de muertos menos por la malaria en el mundo cada año.
Las demandas fueron interpuestas por Ángela Maldonado, primatóloga y
fundadora de Entropika, una ONG dedicada a la conservación de la
biodiversidad, argumentando que el científico incurrió en tráfico de
fauna y excedió la cuota de animales que le permite la ley.
Patarroyo ha insistido en reiteradas oportunidades
que las trabas que le han puesto a su labor se debe a que “golpea el
bolsillo” de las multinacionales porque con su método se producen
vacunas supremamente económicas”.
El científico colombiano
Manuel Elkin Patarroyo lamentó que todavía se tenga la precepción de que
es necesario salir de país para lograr hacer grandes cosas, no solo en
el campo de la ciencia.
“Yo estoy completamente convencido que uno tiene que dar la pelea in
situ y por eso la pela me la doy entera por Colombia, para demostrarle
al país que las cosas son factibles”, indicó.
En ese sentido manifestó que decidió seguir en el país “por una
cuestión de identidad” porque aquí tiene “unas raíces muy profundas”.
“Yo he tenido una identidad y una gratitud enorme con este país. Que
haya una dirigencia que no entienda y sea absolutamente ciega es otra
cosa”, recalcó.
Este es el hombre al que el Consejo de Estado colombiano le impide trabajar. Fernando Márquez.
Manuel Elkin Patarroyo ganador categoría Ciencias Básicas.
Patarroyo es egresado de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia y especializado en Inmunología y
Virología en la Universidad de Rockefeller, con estudios en Yale
(Estados Unidos)y en el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia. En
los 40 años que se ha dedicado a la investigación ha recibido
importantes pre-mios, como el Príncipe de Asturias, en 1994. Ha sido
cuatro veces Premio Nacional de Ciencias Alejando Ángel Escobar y su
nombre estuvo nominado en 1989 al Premio Nobel de Medicina.
Universidades de diferentes latitudes le han
reconocido su extraordinario trabajo con cerca de 29 doctorados honoris
causa. Patarroyo cuenta con un registro de 356 publicaciones
científicas mundiales: como Nature, Science, Vaccine y Chemical Reviews.
Su figura divide y llama a la polémica y
cada paso suyo es observado con minucia por la comunidad científica y la
prensa. Él lo sabe. Ha tenido que lidiar varias décadas para
desbloquear los obstáculos que hasta sus colegas le han puesto. Ahora, a
sus 67 años de edad, desde la Fundación Instituto de Inmunología de
Colombia (Fidic) sigue haciendo ciencia. Ha formado más de mil
investigadores científicos y asesora a los futuros doctores colombianos
porque está convencido de que en el país hay gente con talento para
producir “grandes soluciones a grandes problemas universales”.
Siempre he tenido el presentimiento de que detrás
de las muchas y sistemáticas acusaciones de Ángela Maldonado contra el Profesor
Patarroyo hay intereses distintos a los ambientales que alega, pero me opongo
rotundamente a que le apliquen castigos crueles, degradantes y potencialmente
mortales como el de la tarangana que menciona el artículo.
Y tengo la certeza total de que el Profesor, como
ser humano y como médico cuyo propósito es salvar vidas, también está en
desacuerdo con semejante castigo, aunque se abstenga de mediatizar y de darle
importancia con su presencia o sus palabras a la sentencia de las comunidades
indígenas contra ella. 30 muertos por malaria cada segundo en el mundo ya son
un castigo bastante riguroso como para servírsela, además, de almuerzo a las
hormigas.
La insinuación de que es el Dr. Patarroyo quien
promueve las amenazas contra la señora Maldonado es ridícula y no merece ningún
otro comentario. Que le pregunten a las comunidades indígenas y a los
leticianos por qué se sienten agredidos.
La otra discusión, más larga y densa, tiene que ver
con los aspectos jurídicos y técnicos de las demandas y fallos sobre el caso.
Lo que está demostrado científicamente es que los monos que supuestamente se
traficaron pertenecen a un linaje existente en Colombia, por lo cual esa
acusación es falsa, y que el rótulo de especie en peligro de extinción es una
falacia porque los micos se tratan y liberan en los mismos lugares en que se
colectaron –no cazaron– en mejores condiciones de las que tenían al llegar.
Un punto que merece especial atención tiene que ver
con el fallo del Consejo de Estado. Que las pruebas de que los micos son
colombianos se hayan publicado después de culminada la etapa probatoria, ¿le da
licencia a los Honorables Magistrados para persistir en un fallo probadamente
equivocado?
Para otras cosas siempre han encontrado rendijas
jurídicas que, si se lo proponen, también encontrarán esta vez para subsanar
una falla cometida de buena fe pero que no por eso deja ser altamente lesiva
para la investigación en Colombia y para quienes necesitan soluciones urgentes
y baratas para sus problemas de salud.
Fernando Márquez
El caso Patarroyo ha tomado
dimensiones inesperadas. Condenas a muerte, rencores profesionales y el
futuro de una enfermedad que mata un niño cada cuarenta segundos rodean
uno de los casos científicos más sonados en Colombia.
Por Alejandro Vesga
“A Ángela Maldonado la estamos esperando para la tarangana”, dice sin
quitarnos la mirada Rusbel Torres, secretario de educación propia del
resguardo indígena Aticoya sentado en un banco viejo de madera. Está en
un mercadito en medio del calor sofocante de Puerto Nariño, a una hora
en lancha de Leticia, el extremo sur del país. Rusbel, con camiseta del
Barcelona, chanclas y pantaloneta blanca, explica que la tarangana es
uno de los castigos reservados para quienes se atreven a quebrantar las
leyes de las veintidós comunidades que componen el resguardo.
Ángela Maldonado, PhD en conservación de la universidad de Oxford
Brookes (Reino Unido), sería amarrada a un árbol infestado por hormigas
tarangana durante no menos de tres minutos. Esta especie de hormiga
amarillenta, no mucho más grande que la hormiga roja que se ve en la
cordillera, se distingue por su picadura muchas veces más fuerte,
efectiva y despiadada. El dolor es casi insoportable, causa fiebres,
entumecimiento e incluso parálisis. La última vez que fue aplicada esta
pena, los violadores condenados estuvieron a punto de morir tras durar
meses en cama. Rusbel mismo, que habla frente a un curaca ticuna, uno de
los líderes políticos y administrativos del resguardo quien avala su
conversación con nosotros, sabe que tal exposición al castigo
paralizaría su cuerpo por meses enteros, si no la mata allí amarrada. El
curaca asiente.
Fue Maldonado quien en 2011 interpuso la acción popular ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que tiene detenida la
investigación de uno de los científicos más nombrados de Colombia,
Manuel Elkin Patarroyo. La Fundación Instituto de Inmunología de
Colombia (FIDIC), de la cual Patarroyo es director general, no podrá
realizar más experimentos o capturas de primates en la amazonia
colombiana hasta que no modifique sus prácticas de investigación.
Maldonado acusa al instituto de traficar ilegalmente con una especie de
monos nocturnos (aotus vociferans) para los cuales el instituto no
tenía los permisos requeridos de investigación. Además, Maldonado
también acusa al instituto de mantener a los micos en condiciones
indebidas en sus laboratorios.
En 2013 el Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal y
anuló la resolución que en 2010 dio permiso a la FIDIC para cazas micos
aotus en la amazonia colombiana.
El caso Patarroyo ha despertado las pasiones de la opinión pública,
ha enfrentado a la comunidad científica y su futuro se encuentra ahora
atado a una decisión jurídica. La disputa ha llegado a dimensiones
inesperadas. Un problema que parece en principio científico y ambiental
se ha convertido en un asunto que enfrenta las esferas de la ley, la
política y la ciencia.
Se revela así la tensión entre el uso responsable de los recursos
naturales, los límites éticos de la ciencia, la posible cura de una de
las enfermedades más devastadoras del planeta, el papel de los
científicos en la sociedad y el poder que tiene el Estado en el
desarrollo de la ciencia.
Políticas, campañas e imputaciones.
Patarroyo, que ha trabajado en el trapecio amazónico por más de
treinta años, es visto por numerosas comunidades indígenas de la región
con admiración. En su tiempo allí, el inmunólogo ha logrado hacerse un
buen nombre, ha explicado su investigación y ha construido buenas
relaciones con las autoridades indígenas. Su nombre, dicen, incluso
llegó ser considerado para el premio Nobel de medicina en 1989. Rusbel,
como muchos otros, asegura que Patarroyo nunca ha incurrido en crimen o
ilegalidad. Las acusaciones de tráfico ilegal de micos aotus, de
maltrato animal y de incompetencia científica no tienen para estas
comunidades sustento alguno.
La investigación de la FIDIC representó en su momento un incentivo
monetario para las comunidades pues, con un permiso de cazar 800 micos
al año, la Fundación pagaba 80.000 pesos por mico capturado a los
recolectores, que usualmente eran indígenas, pues ellos son los que
conocen las selvas y las técnicas de captura.
Maldonado, que en 2010 ganó Whitley Gold, el premio de conservación
ambiental más importante del mundo, es acusada en cambio de manchar
injustamente el nombre de Patarroyo, de tener intereses multinacionales
guiando sus acciones y de acabar con una fuente de ingreso importante
para los indígenas que cazan los micos para la investigación. Tanto así
que en la entrada de ciertas comunidades, frente a las malocas y
caseríos, se puede ver su rostro ampliado en pancartas que la declaran,
en nombre de los indígenas del trapecio amazónico, persona ‘no grata’.
Maldonado ha llegado incluso a ser comparada con Hitler. Por las
comunidades rondan volantes que aseguran que sus acciones representan
“aproximadamente 8.000.000 de muertes entre los más pobres”.
Hay, sin duda, una campaña casi política en contra de la primatóloga y
en nombre de Patarroyo. Lo más probable, asegura Thomas Lafon, el
climatólogo esposo de Maldonado, es que esta campaña no sea precisamente
adelantada por los indígenas mismos. “Si vas a las comunidades y
preguntas nadie tiene ni idea quién es ese señor del volante”, dice
refiriéndose a Hitler. Pocas veces se ha visto a la opinión pública tan
comprometida con una disputa científica y ambiental. Para Lafon,
Maldonado y otros involucrados, este movimiento de la opinión ha sido
liderado por Patarroyo mismo.
El aire de campaña ha llegado hasta Leticia, la ciudad más grande de
la amazonia colombiana. Allí, en las calles, se pueden ver láminas que
muestran el apoyo que la ciudad expresa hacia Patarroyo. En las
vitrinas de las droguerías, en las ventanas de las casas, en los
mototaxis que recorren la ciudad yacen pegadas las láminas que en rojo y
negro dicen ‘¡Yo! apoyo a Patarroyo. Ciencia con conciencia –
Investigación responsable – Experimentación sostenible’. En junio del
2014, en vísperas de elección presidencial, para quien camina
desprevenido por las calles estas láminas se igualan en cantidad con los
afiches de los candidatos electorales.
Nadie tiene muy claro quién las ha suministrado, solo se sabe que
aparecieron y que, para muchos, muestran la posición de los leticianos
en el asunto de la demanda. Incluso en las imprentas de Leticia,
realmente centros de copiado, ignoran de dónde pueden haber salido las
láminas. La percepción general de en la ciudad ante el tema es que a
Patarroyo lo han acusado injustamente y que, como dice Alexander
Rodríguez, conductor nocturno de mototaxi, “Colombia no sabe tratar a
sus científicos”.
Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazonico de
Investigación Científica Sinchi, asegura que “la gente en Leticia no es
tonta y sabe lo que está sucediendo”. Para ella, Leticia sabe el daño
que implica la decisión del Consejo de Estado para la investigación de
Patarroyo y la importancia de que esta continúe.
Por el contrario, para Ángela Maldonado a situación es diferente. Hay
una campaña casi política adelantada por sus detractores. La situación
es tal que la primatóloga ha presentado demandas por injuria y calumnia
contra importantes miembros de las comunidades indígenas y contra
Patarroyo mismo. Además, Maldonado, que vive en Leticia, ha sido el
objeto de un estudio de riesgo por parte de la Unidad Nacional de
Protección por causa de amenazas y peligros que ella misma ha
denunciado.
La situación es particular. Nadie sabe a fondo qué está sucediendo,
en qué consisten las acusaciones o el proceso que se está llevando a
cabo. Sin embargo, mientras que Patarroyo se ha convertido con los años
en una figura que inspira devoción y encanto, el nombre Maldonado, a
quien los leticianos no reconocen si la ven caminar por la calle,
provoca rencor y desprecio.
El estrado, los micos, la batalla.
En el pasillo del Consejo de Estado, en Bogotá, se encuentra
Patarroyo rodeado de sus amigos y de algunas figuras reconocidas en el
campo de la investigación científica. Esperan a que los impávidos
policías abran las puertas de la sala. La comisión cuarta del Consejo de
Estado ha dispuesto para hoy, 16 de junio del 2014, una audiencia
pública para que el doctor y su abogada expongan el sustento para la
tutela que adelantaron en contra del fallo en segunda instancia de la
comisión tercera. Hoy Patarroyo se encuentra en el proceso de apelar la
decisión del Consejo, para ello ha dispuesto la audiencia en la que
expondrá sus argumentos sobre por qué debe recibir de nuevo los permisos
que tenía antes para continuar su investigación.
Todos discuten y hablan entre sí cuando entra al pasillo Maldonado
acompañada de su familia y amigos, que, a su vez, son reconocidos
científicos. Las miradas se cruzan pero no hay saludos, ni siquiera un
gesto de reconocimiento mutuo. Cada comitiva se queda en su lado del
pasillo. Hace frío y hay demasiada gente, cuando por fin abren las
puertas del estrado, no hay sillas suficientes para todos.
Ya empezada la sesión, la sección cuarta escucha los argumentos de
Patarroyo para apelar las sentencia que le impide continuar con sus
investigaciones hasta que cumpla con las condiciones impuestas por la
comisión tercera. “Estoy aquí para mostrarles mi trabajo, me enorgullece
incluso presentarles hoy el desarrollo de nuestra investigación”, dice
Patarroyo para abrir su presentación. La diapositiva inicial muestra un
niño africano enfermo de malaria; está, asumimos desde el público, a
punto de morir.
Los argumentos de Patarroyo pueden resumir en cuatro ejes
principales: la importancia de desarrollar una vacuna efectiva y
funcional contra la malaria y la gravedad de detener su investigación
para lograrla; la dificultad de distinguir entre los micos aotus de la
especie prohibida y los de la especie permitida; el hecho de que en
Colombia sí habitan los micos que, dicen, está traficando; y,
finalmente, la imposibilidad técnica de cumplir con los requerimientos
impuestos por el Fallo del Consejo de Estado.
Lejos de la bochornosa selva amazónica, Patarroyo debe jugar en otro
entorno en Bogotá. La dimensión jurídica de su caso debe resolverse ante
la Ley, ante el Estado. La situación debe manejarse de manera distinta,
sus invitados, eminencias en la ciencia, parecen estar ahí para hacer
peso. Ninguno puede hacer nada para cambiar la posición del Consejo de
Estado, pero se presentan con Patarroyo para dar peso a su causa.
Maldonado, por su parte, aunque llevó a la audiencia un compendio de
pruebas e investigaciones propias destinadas a ser observadas por el
Consejo, se queda sin decir nada. No es ya su lugar, la tutela es contra
el Estado, no puede hacer nada a menos que la llamen a declarar.
La lucha contra la malaria
La investigación de Patarroyo ha enfocado sus esfuerzos desde hace
más de treinta años en el desarrollo de una vacuna química que logre
inhibir la malaria. Según la Cruz Roja Española, entre 300 y 500
millones nuevos casos de esta enfermedad son registrados al año, cada 30
segundos muere un niño a causa la misma y el cuarenta por ciento de la
población mundial se encuentra en riesgo de contraerla. Más del ochenta
por ciento de las personas que sufren de malaria viven en países pobres,
en su mayoría subsaharianos. Una vacuna contra esta enfermedad sería,
en definitiva, un gran logro científico y humanitario.
El
alcance de la enfermedad es alarmante. Sobre todo, porque afecta en su
mayoría a países de bajo desarrollo económico y social.
Para desarrollar la vacuna, Patarroyo insiste en que la
experimentación con micos nocturnos es imprescindible, pues este primate
tiene un sistema inmune casi idéntico al de la especie humana. No fue
por nada que Patarroyo llegó a ser una gran figura en los medios y en la
ciencia cuando aseguró, hace más de 20 años, estar en las últimas
etapas de desarrollo de la vacuna. En repetidas ocasiones, el inmunólogo
ha sugerido que detener su investigación es un gran golpe a la lucha
contra la malaria, que cada año mata más y más gente.
Sin embargo, la promesa de Patarroyo se ha quedado corta. Si bien al
principio de sus investigaciones su proyecto de vacuna SPF66 prometía
mucho, hoy no se ha sabido de ningún avance sustancial. En el 2009 la
Colaboración Cochrane, organización sin ánimo de lucro dedicada brindar
evidencia empírica para las decisiones que conciernen a la investigación
médica y científica, publicó un estudio liderado por Patricia M. Graves
y Hellen Gelband, el cual concluyó que aunque existe un modesto logro
en regiones suramericanas “no hay justificación para adelantar más
pruebas de SPF66 en su formulación actual”, y que “no hay evidencia para
apoyar la introducción de la vacuna SPF66 en el uso rutinario de la
prevención de la malaria, sea en África o en otra parte del mundo”.
La investigación de Patarroyo no tiene actualmente la influencia que
tuvo en algún momento. Aunque es el científico más citado y referenciado
de Colombia, en medios internacionales su nombre no aparece. En 2010,
la revista estadounidense Science, una de las más reconocidas del mundo,
publicó un número entero dedicado a la malaria en el que Patarroyo no
fue siquiera referenciado. Su trabajo en el desarrollo de la vacuna ha
perdido gran parte de su apoyo monetario, entidades como Colciencias han
decidido retirar su antes masivo apoyo a la investigación. A principios
de esta década, según la revista Semana, Patarroyo recibía alrededor de
ocho mil millones de pesos por parte de Colciencias, hoy no recibe
nada.
Hoy, la vacuna en la que Patarroyo trabajó por más de 25 años se
encuentra catalogada por la OMS como inefectiva. Aunque Patarroyo
asegura que su fundación promovió esta catalogación para trabajar en una
nueva vacuna, no es muy claro en qué estado se encuentra la nueva
vacuna o cuales fueron las razones precisas para este cambio de actitud.
Si bien es cierto que los desarrollos en la ciencia toman tiempo y un
resultado fallido no implica un fracaso científico, detener esta
investigación no parece ser una cuestión inmediata de vida o muerte. Su
trabajo no muestra signos de un resultado próximo. Además, Patarroyo no
es el único en Colombia ni en el mundo que se encuentra trabajando en
una vacuna contra la malaria, actualmente existen numerosos estudios y
proyectos con el mismo objetivo.
Los micos sin frontera: ley y ciencia.
“La pelea real no es contra la ciencia de Patarroyo, puede que está
haciendo un buen trabajo con su vacuna. El problema es que infringió las
reglamentaciones ambientales Colombianas e internacionales” dice Thomas
Deffler, una de las principales figuras del estudio de primates en
Colombia. Las acusaciones de Maldonado consisten en que la FIDIC está
utilizando y traficando ilegalmente micos de una especie con la que no
debería tratar. Mientras que el Estado le otorgó el permiso para
trabajar con aotus vociferans, en los laboratorios fueron encontrados
micos aotus nancymaae para trabajar con los cuales la fundación no tenía
los permisos requeridos. Esta segunda especie parecía no encontrarse en
Colombia, lo que, en su momento, aumentaba la sospecha de tráfico
ilegal por parte de la fundación.
Patarroyo argumentó ante el Consejo de Estado que los micos aotus
nancymaae son casi idénticos fenotípicamente a los micos aotus
vociferans; es decir, sus rasgos físicos son casi indistinguibles.
Afirma que por esa razón se encontraron micos de esta especie no
autorizada en sus estudios.
Esto, sin embargo, ha sido ya considerado por el Consejo de Estado
como un argumento inválido, pues “sin importar la similitud genética o
biológica que exista entre las dos especies, lo cierto es que existe el
incumplimiento por la FIDIC, ya que se encuentra probado que ha empleado
micos aotus nancymae para investigación científica dentro de su
laboratorio, para lo cual no cuenta –ni ha contado– con habilitación
administrativa”.
El
mico autus vociferans tiene un sistema inmune casi idéntico al humano.
De ahí su importancia para el desarrollo vacunas químicas y biológicas.
Creative commons – Joachim Müler
Otro argumento en pro de Patarroyo consiste en que, como dice Luz
Marina Mantilla, el aotus nancymaae sí se encuentra en Colombia “y lo
demostró el instituto Sinchi y La Universidad Nacional en un estudio
reciente pero sin publicar”. El problema, continua la directora del
instituto, es que este estudio “no fue consultado por ninguna de las
áreas jurídicas involucradas”. El hecho de que esta especie de Aotus se
encuentre en territorio nacional desestimaría las acusaciones de que
Patarroyo tuvo que haber tomado los primates del Perú.
Respecto a este estudio, Patarroyo dijo al periódico El Tiempo que
“los estudios de ADN de la Universidad Nacional demuestran que los
micos con los cuales investigamos eran ancestralmente colombianos.
Entonces, ¿de dónde viene la acusación? ¿Dónde se origina el problema?”
El problema es que se han presentado evidencias ante las autoridades
de que en efecto hubo tráfico internacional ilegal de animales. Incluso
si la especie existe en territorio colombiano, Maldonado ha presentado
estudios donde, entre otras evidencias, entrevista a cazadores peruanos
que admiten haber vendido a la FIDIC aotus nancymaae del vecino país.
Más allá de lo que pueda significar la investigación de la FIDIC para la
malaria, según los estudios de Maldonado Patarroyo está incumpliendo la
reglamentación ambiental. Aún más, dice Maldonado, “solo con ponerle
precio a los micos Patarroyo está incumpliendo la ley y fomentando el
tráfico ilegal”.
En el año 2007 la revista Cambio publicó un testimonio del recolector
peruano Victor Gonzáles: “debemos llevar los animales a Leticia en la
madrugada escondidos, para no dejarnos ver de las autoridades porque si
nos cogen nos dan tres años de cárcel. El doctor Patarroyo nos ha dicho
que tengamos cuidado con eso y que si nos coge la ley digamos que los
animales los capturamos del lado colombiano”.
Demostrar que sí existen los animales en cuestión en Colombia es una cosa, demostrar que no hubo tráfico es otra.
Consecuencias ambientales.
Para Maldonado y quienes apoyan su causa, los niveles de caza de
aotus por parte de la FIDIC no son sostenibles. En marzo del 2013,
Patarroyo dijo al Tiempo que en lo que lleva trabajando en el Amazonas
ha trabajado con, más o menos, 25.000 micos. Este número, para Defler,
que ha dedicado su vida al estudio de primates en Colombia y el mundo,
es increíble si se tiene en cuenta que no se ha realizado un estudio que
determine cuál es la densidad poblacional de esta especie en la región.
Patarroyo tenía hasta hace unos meses permiso de trabajar con 800
micos por año. Cifra que fue determinada por Corpoamazonía, la entidad
encargada de regular los temas ambientales de la región amazónica
colombiana, sin conocer el estado de la especie en la región. Sin
embargo, esta entidad, según lo que expone el fallo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, “carecía y carece de elementos que le
brinden certeza para determinar si las cuotas de obtención de
individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre autorizados de
caza excedían –o exceden– la capacidad de recuperación del recurso
natural.”
Aún con este permiso dado de manera negligente, Maldonado acusa a la
FIDIC porque “incluso hoy está incumpliendo las reglamentaciones y está
trabajando con más micos de los que debería”.
El tema es delicado en Leticia. Los indígenas que trabajaron con
Patarroyo y no quieren hablar del asunto. Vicente, un indígena que
trabajó capturando micos para las investigaciones de la FIDIC, en una
entrevista para este artículo se excusó diciendo que eso no era con él.
Tan pronto surgió el tema del científico, se negó a hablar del tema.
Asimismo, el propio Patarroyo se negó a dar una entrevista para este
artículo, afirmando que “este asunto se ha mediatizado, se debe retirar
este problema de los medios y resolverlo donde se debe” dice señalando
con la mirada a las puertas del consejo de Estado.
Según Lina María Peláez, una médica veterinaria que trabajó de 2004 a
2005 en los laboratorios de Patarroyo en Leticia, la investigación y
caza de micos por parte de la FIDIC tenía serias consecuencias para los
animales. “Cuando entré a trabajar allá quedé sorprendida por la
condición de los micos, los tenían encerrados en cajas de metal”, dice
Lina María, “yo calculaba que, antes de que yo entrara, la mortalidad de
los experimentos era del 20%”. En el artículo de la revista Cambio se
presentan fotografías que registran el maltrato y la condición de micos
en custodia del instituto y que sustentan las declaraciones de la
veterinaria.
Los animales mostrados en las fotografías padecen una enfermedad llamada Dermatofilosis, que no tiene relación alguna con las pruebas aunque se hayan querido presentar así. Fernando Márquez
Es por esto que el Consejo de Estado ha dictaminado que Patarroyo no
puede continuar recolectando micos aotus provenientes de la selva. Debe,
en cambio, debe trabajar con micos nacidos y criados en cautiverio.
Para Patarroyo esto es inviable, es demasiado costoso, lento e
improductivo. Para construir un zoocriadero que permita obtener
especímenes adultos, sanos y viables para su estudio, dice, sería
necesario invertir dinero que la fundación no tiene. Eso sin contar que
tomaría demasiado tiempo lograr la cantidad de micos necesarios para las
pruebas de su nueva vacuna.
Según una declaración
de la Sociedad Primatológica Colombiana (APC) (link) frente a la
audiencia pública de Patarroyo, un zoocriadero no es tan inviable como
Patarroyo sugiere. De hecho, existen varios ejemplos de zoocriaderos,
productivos realizados para experimentos similares a los de Patarroyo.
Por eso, la APC escribe “Si la FIDIC no cuenta con la capacidad técnica
para implementar un centro de reproducción en cautiverio, sugerimos que
los animales sean adquiridos en criaderos autorizados para continuar de
inmediato con su investigación”.
Ahora, es cierto también que la creación de un zoocriadero atrasaría
considerablemente la investigación de Patarroyo. Armar las instalaciones
y lograr la cantidad requerida de micos en cautiverio requiere de
tiempo y dinero con el que la fundación ya no cuenta. Y sin un estudio
poblacional tampoco es evidente que el zoocriadero sea necesario, en
especial “si la especie no está en vía de extinción” como aseguró
Patarroyo en su audiencia en el Consejo.
Hay que decir también que en Colombia existen ejemplos de
zoocriaderos viables y funcionales de primates. Un ejemplo muy diciente
para el caso en cuestión es el criadero del laboratorio Caucaseco
dirigido por el inmunólogo Sócrates Herrera, que también se encuentra
desarrollando investigaciones y experimentos para desarrollar una vacuna
contra la malaria.
La ley y la ética, el resultado y el medio.
En principio, debería esperarse que los dilemas científicos sean
resueltos por autoridades científicas. Sin embargo, el caso Patarroyo
muestra lo que puede ocurrir cuando el ámbito de lo científico se cruza
con lo judicial y lo político. Su investigación sobre malaria cruzó
linderos que motivaron la intervención de otros científicos,
especialistas en primatología. De allí se pasó a la intervención de las
autoridades ambientales y de la opinión pública, hasta que las calles de
Leticia se llenaron de volantes que comparan a Ángela Maldonado con un
genocida como Adolfo Hitler. Maldonado es una primatóloga, Patarroyo un
inmunólogo; sus mundos y sus prioridades son distintas. Cuando le
pregunto a Maldonado por qué se metió en este problema, me contesta: “me
dije, ‘yo tengo una maestría y un doctorado en conservación de
primates’.No iba a dejar que se vulneraran los derechos de los aotus por
más que Patarroyo fuera una gran figura”.
Al final, el caso plantea extraordinarios dilemas, Incluso si la
investigación de Pataroyo no goza hoy de la mayor credibilidad entre los
especialistas internacionales de su ramo, ¿se justificaría cerrarla
definitivamente, después de tres décadas de trabajo? ¿Quién puede
asegurar más allá de toda duda que no llegará al resultado que busca?
Si continúa, ¿sería legítimo traspasar límites señalados por la
legislación ambiental e incurrir en maltrato de animales, con tal lograr
la cura para la malaria? ¿Si la investigación de Patarroyo incurrió en
tráfico de animales, ¿debería recibir una sanción social y legal
diferente a la de cualquier otra persona que incurra en este delito, con
el argumento de que busca objetivos superiores?
Incluso si la investigación científica de Patarroyo fuese a cambiar
el mundo, las reglamentaciones y la ley están en pie. ¿Estamos
dispuestos a que se rompan las regulaciones por la posibilidad de un
avance científico? ¿Dónde quedan el ambiente y los animales con los que
convivimos?
Puede que el análisis costo beneficio de experimentar con animales
resulte en principio admirable para el desarrollo y preservación de la
especie humana. Sin embargo, la historia ya ha visto qué se ha hecho en
nombre del desarrollo y el progreso.
El método desarrollado por el Profesor Manuel Elkin Patarroyo y los investigadores de la FIDIC permite producir vacunas químicamente hechas contra un gran número de enfermedades infecciosas, lo cual resulta inconveniente para la industria farmacéutica cuyo negocio es la enfermedad, la venta de medicamentos para tratarla, por eso pocas veces vacunas para prevenirla.
