Tiene razón al estar preocupada la comunidad científica.
Solemos mirar este tipo de cosas desde una óptica emocional, sin análisis de
ninguna clase, excepto cuando el enfermo o muerto es alguien cercano. Son
incontables los procedimientos y medicamentos que se prueban, en todo el mundo,
en animales de todas las clases. Sin ellos solo existirían dos escenarios
posibles: la parálisis total de la investigación, con sus devastadoras
consecuencias, o la realización de la
experimentación directamente en humanos.
Habría que ver si los que con tanta tenacidad se oponen
al empleo de animales para pruebas biomédicas estarían dispuestos a tomar su
lugar o si, por lo menos, dejarían de consumir carne o cualquier otro alimento
de origen animal que implique utilizarlos o estresarlos. Las buenas intenciones de estas personas, que
existen en muchos casos, no son suficientes para frenar la expansión de
enfermedades y muertes, muchas de las cuales podrían evitarse, para lo cual la
experimentación es requisito ineludible. Una cosa es la obligatoriedad de garantizar
un trato digno y respetuoso a los animales utilizados y otra distinta oponerse
por principio o por moda sin que exista alternativa diferente.
Ojalá la institución ecológica que menciona el artículo o
los jueces y magistrados que posan de animalistas ofrecieran alguna solución
pertinente y practicable en lugar de limitarse únicamente a pontificar, señalar
y sancionar sin consultar siquiera a quienes realmente conocen el asunto: los
científicos.
Lo que debe prevalecer es el sentido común, la inteligencia, la obligación de preservar y proteger la vida y la salud de todos. Muy triste tener que usar animales para realizar las pruebas, pero más triste aún saber que hay miles de personas que mueren cada día -no es exageración- y que su salvación se vea obstaculizada por personas para las que es más importante un animal que un niño.
Una arista, no muy conocida por la opinión pública, es la
feroz competencia existente entre los grupos de investigación creados por la
industria farmacéutica, que no se destaca por su altruismo, sino por la
comisión de delitos sancionados penalmente y por el poder corruptor que les
conceden sus multimillonarias utilidades, entre los que se cuentan el soborno a
los médicos, el encarecimiento artificial de sus productos, la elevación a la
categoría de enfermedad de muchos procesos naturales, la propaganda negra y, no
lo duden, la financiación de grupos ecologistas, ambientalistas, animalistas,
fundamentalistas o de cualquier otro orden para que hagan ruido y obstaculicen
el trabajo de sus competidores, uno de los cuales es Patarroyo con su grupo, la
FIDIC, que trabaja para donar sus producción científica, a diferencia de
quienes han hecho de la enfermedad un negocio fabuloso.
Fernando Márquez
La
batalla judicial de Elkin Patarroyo contra una institución ecológica puede
marcar el futuro de la investigación científica en Colombia.
A principios
de febrero se dio inicio a un enfrentamiento entre las salas del Consejo de
Estado sobre la posibilidad o no de utilizar animales con objetos científicos,
el cual aún no ha terminado.
La
importancia de la confrontación, además de decidir sobre el futuro científico
del país y la utilización de especies silvestres para este objeto, también
llama la atención porque se encuentra directamente implicado las
investigaciones del más, si no importante, renombrado científico colombiano,
Elkin Patarroyo.
Este
importante científico se encontraba realizando investigaciones con los micos
amazónicos “Aotus vociferans”, pero un fallo de la sala tercera de esta
corporación, a finales de 2013, lo sancionó por tres años y medio y se le
prohibió la captura de estos monos. El científico mencionó que esta decisión
condenaba al fracaso sus investigaciones de encontrar una vacuna altamente
efectiva contra la malaria y de otras contra la tuberculosis, el papiloma,
algunos tipos de cáncer y hasta el sida.
Luego de
un poco más de un año, la sala cuarta revocó esta decisión y ordenó “el
levantamiento automático de la suspensión provisional de los permisos otorgados
mediante las Resoluciones […] para el proyecto ‘Captura y estudio de
Investigación Científica en diversidad biológica de primates en la cuenca del
Rio Amazonas en el Trapecio Amazónico Colombiano’”. De manera más clara, le dio
vía libre a Patarroyo para que siga con sus investigaciones.
Esta
decisión ya fue apelada y se espera la última palabra por parte de la sala
quinta de este alto tribunal
La razón
de esta decisión se dio por varios motivos:
El
primero es el pragmático, con el que se mencionó que los aportes científicos
que se venían acumulando con estas investigaciones que podría “salvarles la
vida a miles de personas”. Esta misma sala también mencionó que no se debe
desconocer que para el avance científico, “el uso de animales es
definitivamente indispensable”.
El
segundo es el jurídico, en el que se dispuso que los animales no están sujetos
a los mismos derechos de los seres humanos, si no que estos deben ser objeto de
una especial protección jurídica con el fin de evitar su sufrimiento y dolor.
De este modo, no se podría hablar de un derecho a la vida de los
animales.
La sala
cuarta mencionó también que a esta especie no se le puede aplicar la protección
a los derechos colectivos, primero porque esto es limitado a los seres humanos
y segundo porque no se aplicarían a un grupo específico. Además el demandado
–Patarroyo- demostró que estos animales no sufrían: “se utilizan una vez y se
devuelven a su hábitat natural”.
Las
reacciones no se hicieron esperar. Por parte de la comunidad científica se ve
con preocupación un nuevo retroceso de esta jurisprudencia. Para ellos el
Estado debe garantizar las condiciones para un ambiente pleno para el
desarrollo científico; si Colombia busca ser competitivo en este sector, no
pueden estar por encima los derechos de los animales, de los de la salud y el
beneficio de la raza humana.
Por otra
parte, los demandantes mencionaron que ellos no estaban en contra de las
investigaciones científicas, sino en contra del sufrimiento innecesario para
con los animales.
En
definitiva, lo que la Comisión Quinta del Consejo de Estado está próximo a
definir es la prevalencia de los derechos de los hombres a beneficiarse de
adelantos científicos o de los animales a no sufrir de manera innecesaria por
consecuencia de estos experimentos. La respuesta, aunque parece obvia, puede
llevar al desarrollo de nueva jurisprudencia para el trato de animales.
