domingo, 1 de junio de 2014

Manuel Elkin Patarroyo: “Es enormemente llamativo que Hay-on-Wye haya logrado aglutinar tanta gente de tan diversas disciplinas”



viernes, 16 de mayo de 2014

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Ángela Maldonado es la persona que en múltiples ocasiones ha demandado al Profesor Patarroyo y a la FIDIC por un supuesto tráfico de micos desde Perú y Brasil.  Enrique Gil Botero es el magistrado ponente que acogió los argumentos de Maldonado y con base en ellos sancionó al Profesor Patarroyo.

Dejo las posibles interpretaciones de la coincidencia a la imaginación del lector.





Fernando Márquez


miércoles, 14 de mayo de 2014

Manuel Elkin Patarroyo vive la peor de sus pesadillas

Sobra cualquier comentario.

Ver video de la entrevista DE COLPRENSA en YOUTUBE



Manuel Elkin Patarroyo pide continuar con experimentos de vacuna contra la malaria


» Leer en LAFM.COM.CO


May 08 2014
 
Fuente: La FM
Foto: AFP.
El científico colombiano manifestó esta petición ante el Consejo de Estado.

El científico Manuel Elkin Patarroyo aseguró que se reunió con la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, para buscar una solución frente a la situación que se ha presentado con el estudio de los monos.
 
Patarroyo aseguró que le explicó a la jurista que esos monos “con los cuales nos han sancionado durante cerca de 3 años que han impedido el desarrollo de la vacuna de ese nivel, resulta que son totalmente colombianos”.
 
Agregó que se analizó detalladamente el fallo que profirió en su momento el alto tribunal, donde se indicó que “no entiende por qué los ecologistas han venido insistiendo en que esa especie es una especie autóctona del perú cuando el ADN demuestra absolutamente todo lo contrario”. 
 
Patarroyo fue enfático en señalar que “llevamos tres años y medio de retraso y la vacuna debía haberla entregado hace dos, por una razón muy sencilla; la malaria afecta a 200 millones de personas, como mínimo y hay un millón 200 mil de muertes al año, de manera que ese retraso significa ese número de muertos y de enfermos”.

Justicia vs Ciencia








La absurda decisión del Consejo de Estado de frenar la investigacion de Patarroyo

Por:   | mayo 13, 2014
 
Justicia vs Ciencia 
Foto: Elespectador.com


Si algún motivo existiera para cuestionar la capacidad de la justicia para decidir razonada y racionalmente sobre asuntos de la mayor trascendencia para una sociedad, bastaría una sola, la decisión del Consejo de Estado prohibir los experimentos con los monos nocturnos Aotus Vociferans por el equipo científico de Manuel Elkin Patarroyo hasta que él no se someta a la ley.

De una manera lapidaria el Consejo de Estado dijo con base en una acción popular interpuesta, como no, por otro abogado, que Patarroyo no podría seguir usando a esa especie para sus experimentos para la búsqueda de una vacuna contra la malaria, una enfermedad que cobra aproximadamente 700 mil víctimas cada año según la Organización Mundial de la Salud, especialmente entre niños de países extremadamente pobres, mujeres gestantes y pacientes de VIH-Sida en el que la malaria es un detonante de la debilidad inmunológica.

Así la justicia ordenó no seguir con los experimentos con monos para avanzar en las investigaciones para desarrollar la vacuna contra padecimientos de salud que castigan a los pobres del mundo en cientos de miles. Las razones no son muy claras porque están dichas en sentido autoritario, de manera que lo único que queda claro es que el doctor Patarroyo y su equipo están fuera de la ley. Lo dicen los abogados.

No me simpatiza el doctor Patarroyo; su vanidad le hizo anticipar avances que aún estaban en fase de experimentación y fue postulado por sus áulicos a reconocimientos internacionales inmerecidos de acuerdo con el estado del arte de sus investigaciones.

Pero cosa muy diferente es que un fallo judicial disponga que es ilegal un procedimiento de investigación estandarizado mundialmente, que es experimentar en animales como paso previo a ensayar con humanos. Nada reemplaza la experimentación con mamíferos como preludio a la experimentación con humanos, salvo los experimentos con humanos mismos. No hay métodos de simulación sintética en laboratorio suficientemente fiables, hay que acudir a los seres vivos más parecidos a los humanos, a los mamíferos. Eso es lo que dicen los científicos.

La claridad pretendida por el Consejo de Estado en un pronunciamiento posterior no ayuda mucho, pues es ambiguo y confuso, como suele ser todo lo de los abogados, especialmente cuando se ven enfrentados a la polémica porque no pueden sustentar racionalmente, con argumentos comprensibles susceptibles de ser debatidos; hacen lo que los norteamericanos llaman “Jibber Jabber”, parlotería enredada para enmascarar su ignorancia, pero eso sí, dicha con mucha autoridad.

Desde esa posición autoritaria el magistrado Enrique Gil Botero dijo que Patarroyo estaba “desinformando” a la comunidad científica con ocasión de la carta enviada por 150 científicos en la que protestaban por la medida.

Bastante osado el comentario del doctor Gil Botero. Descalificar como manipuladores a los científicos que le llaman la atención sobre los efectos de la medida, es muy atrevido y no hace más que acreditar la crítica. Cuando un abogado dice que el gremio especializado que señala un error está engañando a la opinión pública, reafirma la validez del cuestionamiento. Cualquier ciudadano se preguntará legítimamente si tiene más peso en materias científicas experimentales la opinión de un abogado o la de casi toda la comunidad científica.

Este episodio prueba la capacidad de interferencia judicial irracional en decisiones especializadas. El Consejo de Estado es totalmente ambiguo e impreciso sobre los fundamentos y fines de su instrucción. Dice que Patarroyo deberá “ajustarse a la ley” y puede usar animales con fines de experimentación “siempre y cuando no se vulneren sus derechos”. Esta es una forma autoritaria de hablar, invocando la autoridad normativa por sí misma y poniendo a la contraparte al margen de la ley. Los científicos la tendrán difícil para seguir investigando sin vulnerar los “derechos de los animales” porque prevalecen sobre los derechos de los pobres del mundo. Los abogados les han trazado una delgada y peligrosa línea de ilegalidad a los científicos.

La justicia colombiana se deleita en afirmaciones sin sentido sobre temas especializados y haciendo demagogia con argumentos supinos, construidos desde la pereza de reflexionar más a fondo sobre los problemas que pretenden resolver y las consecuencias de sus decisiones. No solo en el caso Patarroyo en el que unos abogados deciden cómo debe investigarse, sino en otros en el que los abogados deciden cómo es que los ingenieros deben construir puentes.

Si el Consejo de Estado tuviera algo más qué decir como razón justificativa para impedirle a Patarroyo usar los monos Aoutus Vociferans en sus experimentos, debería señalar causas científicas para ello. Pero nada, simplemente lo que en lógica se llama la petición de principio que es dar por probado lo que tiene que probar.

La mejor prueba es la entrevista en El Espectador en la que el doctor Gil Botero discurre sin continencia alguna sobre la forma en que los animales “así como ocurrió con los negros y las mujeres” fueron excluidos del “contrato social”, pero gracias a los abogados fueron incluidos. Son frases y más frases de cajón dichas sin prudencia ni medida, ni seriedad o perspectivas históricas, mucho menos científicas.

Que esto pase en Colombia es más triste aún, porque es un país con muy poca ciencia y muy pocos científicos. Que los pocos que hacen esa poca ciencia nacional vean sus trabajos de años interferidos por la dictadura de los jueces, le causa un daño enorme al país. La ciencia no puede detenerse, las investigaciones deben ser constantes y ello involucra experimentación permanente.

Es increíble que los científicos colombianos que no han tenido que enfrentar retos importantes a su trabajo desde otras posiciones autoritarias anticientíficas, como por ejemplo la iglesia, tengan que soportar este desafío del “Estado de derecho”. Problemas que les saltan desde las bambalinas en las que se ocultan abogados que demandan para que abogados decidan.

Y, como suele pasar con estas decisiones demagógicas basadas en un propósito en apariencia noble como la protección ambiental, los jueces se ganan unas cuantas palmas del fanatismo ambiental pero desvía la atención del verdadero problema que es que esa especie y muchas otras no están siendo vulneradas ni amenazadas por la caza científica, hecha además en virtud de procesos de cooperación institucional entre entidades científicas. El riesgo del Aotus Vociferans, lo ha dicho la entidad de protección ambiental del Perú, es la caza excesiva con otros propósitos, para el tráfico internacional de especies silvestres con fines lucrativos y, obviamente la destrucción de su hábitat.

Esos problemas que son los reales, ni los analizan, ni los enfrentan. Prefieren írsele a Patarroyo acusándolo de no respetar las leyes, ordenando la suspensión de los permisos de su centro de investigación y parando los experimentos para buscar una vacuna contra una enfermedad tropical mortífera mundialmente. No es una sentencia a favor del medio ambiente porque es marginal su efecto en ese punto, ya que no enfrenta la causa real de la amenaza al hábitat del mono que es la destrucción del bosque amazónico en el que poco tienen que ver los científicos y sí mucho que ver las empresas extractoras de minería, de especies vegetales y madera. Pero a ellos, los verdaderos representantes del poder económico construido con la depredación ambiental con fines de lucro ni los tocan.

Es más fácil con los científicos, que son la parte delgada de la cuerda de un problema profundo, porque a los jueces como diría Carlos Fuentes, se les da muy bien siendo fuertes con los débiles.
La ciencia siempre ha estado a la vanguardia del derecho. Y en la protección ambiental eso sí que es cierto. Es la información científica la que ha llevado a cambios normativos para la defensa del medio ambiente y no las leyes las que han impulsado la ciencia, que por el contrario siempre se ha tenido que enfrentar a restricciones normativas de cada tiempo dado. De ser por los abogados de antes, los jueces del Santo Oficio, el mundo seguiría siendo plano y el universo geocéntrico.

Que se preocupen los científicos, porque seguro hay otro abogado que en estos momentos está pensando si la carta de 150 científicos cuestionados por Gil Botero por apoyar a Patarroyo, quien no está dentro de los “marcos de la ley”, es la “prueba reina” de un concierto para delinquir.






jueves, 8 de mayo de 2014

¿HAY GARANTÍAS PARA PATARROYO EN COLOMBIA?


Las notas escritas recientemente sobre el profesor Manuel Elkin Patarroyo en EL ESPECTADOR, bajo los títulos Patarroyo está desinformando a la comunidad científica: Consejo de Estado”, “Consejo de Estado aclara que no ha ordenado cancelar las investigaciones científicas”, y “Patarroyo tiene que adecuarse a la ley son pronunciamientos oficiales de este órgano judicial cuyo canal natural no son los medios de comunicación.


La carta firmada por la comunidad científica colombiana rechazando el fallo que le prohíbe a la FIDIC utilizar micos para probar péptidos candidatos a vacuna, que abre la puerta para que en el futuro cualquiera con argumentos de tinte ecologista les impida utilizar animales, ha tenido el efecto de poner a los miembros del alto tribunal a dar explicaciones no pedidas, a justificar su dictamen y a tratar de enmendar de cualquier manera su equivocación.  Obviamente solo analizaron la parte más pequeña de un problema complejo y de grandes dimensiones que ahora no saben como manejar.


Antes de atender los argumentos de los interesados en demandar a Patarroyo y su grupo han debido pedir y escuchar la opinión de los científicos, especialmente de los que utilizan animales para desarrollar su trabajo académico e investigativo, que apenas ahora caen en cuenta del riesgo que se les avecina de prosperar tal sentencia.

Lo grave del asunto no está en lo que digan, sino en la manera equivocada que escogieron para hacerlo. Patarroyo, como cualquier ciudadano colombiano, tiene el derecho a la protección de su vida, honra y bienes, derecho elemental consagrado en la Constitución Nacional. Si los encargados de hacer justicia no tienen reparo en salir a dar declaraciones en las que se acusa y compromete el buen nombre del  científico colombiano, aquello de la justicia pronta y cumplida que ordena la Constitución no es ni lo uno ni lo otro. Ni siquiera fueron a conocer por si mismos las condiciones en que se utilizan los micos en la FIDIC. 

Faltan seriedad y respeto por quien ha puesto el nombre de Colombia en el escenario científico mundial; no es por simpatía que figura en los libros de historia y ha sido objeto de reconocimientos de la mayor importancia en todo el mundo, a menos que los Honorables Magistrados crean que los investigadores, varios premios Nobel entre ellos,   son un montón de tontos fáciles de engañar. Lo mejor que pueden hacer por el país es reconocer que se equivocaron, asesorarse bien y revisar el fallo y sus consecuencias, que nada bueno le aportan a la ciencia hecha en Colombia.  

Fernando Márquez
  




lunes, 5 de mayo de 2014

¿Y LA JUSTICIA COLOMBIANA QUE?


Entropika es una ONG cuyas fuentes de financiación, según su propia página web, provienen en su totalidad de organizaciones extranjeras entre las que mencionan:

  • Funding institutions: The Whitley Fund for Nature, The Rufford Small Grants, Rainforest Concern, WWF - EFN, The International Primate Protection League (IPPL – US), The British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV - UK), The Kilverstone Charitable Trust, and The American Society of Primatologists.

Resulta extraño que una entidad de tales características se arrogue -¿o se lo concedió alguien?- el derecho a imponer condiciones y a vigilar las actividades de organizaciones científicas nacionales, establecidas en el país desde siempre, que por ley deben seguir los lineamientos y rendir cuentas a las autoridades colombianas en primer lugar.   

"If the FIDIC want to continue research using owl monkeys they must establish a captive breeding colony following the protocols provided by Entropika. In addition, the ruling ordered the establishment of a verification committee, to include members of Entropika in order to guarantee compliance of the judgement."  

¿Es posible que la justicia colombiana se haya declarado incapaz de manejar sus propios asuntos y tengan que entregarlos a Entropika? ¿No existen en Colombia científicos capaces de formular protocolos que atiendan a las necesidades vitales de los colombianos? ¿No saben mas de ciencia e investigación los expertos de la Universidad Nacional de Colombia que los abogados duchos en literales e incisos? ¿Por qué Entropika y no la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo?

Pese a las demandas y cuestionamientos contra Patarroyo, la FIDIC y las autoridades colombianas competentes, como el Ministerio de Ambiente y Corpoamazonia, son estas las que deben ejercer las labores de vigilancia a que haya lugar, no terceras personas abiertamente opuestas a la investigación de Patarroyo, con el interés y los recursos necesarios para entablar demandas judiciales de manera sistemática y permanente. 

Con razón la comunidad científica colombiana se pronunció de manera tan enérgica al respecto, si de lo que se trata es, nada menos, que de someter la actividad investigativa del país al criterio de otra gente.  

Si a esto deben plegarse Patarroyo y su grupo, lo mejor será que se vayan a otro lugar donde haya personas con la sensibilidad suficiente para darle a la vida de los seres humanos por lo menos el mismo valor que los otros le dan a la de los micos, ratones, cerdos y demás animales que se utilizan para efectuar pruebas biomédicas en todo el mundo, de los contrario estará condenado a arrojar 35 años de trabajo desinteresado, arduo y honesto a la basura, para desgracia de quienes necesitan vacunas y medicamentos pero no tiene con que pagarlos.

Fernando Márquez












martes, 29 de abril de 2014

Científicos piden al Consejo de Estado revisar fallo sobre Patarroyo


» Leer en ELTIEMPO.COM

Tardó demasiado la comunidad científica en pronunciarse. Talvez cayeron en cuenta de que la embestida contra Patarroyo y la FIDIC es solo la primera de muchas por venir. En este país, tan dado a los extremos, no sería nada raro que un día de estos prohibieran utilizar ratones, conejos o cerdos para las pruebas y, si nadie dice nada, comer carne de vaca o matar pulgas y moscas, que también son criaturas de Dios o forman parte de ecosistemas complejos cuyo desequilibrio puede provocar la desaparición de alguna clase de pájaros en algún lugar del mundo. Vaya uno a saber!

"Uno de los requisitos para que un medicamento sea probado en humanos es que ya haya pasado la etapa de evaluación en animales en laboratorio. Es decir, que si esto no se puede permitir más se impide la realización de innovaciones científicas. Por lo tanto, no se puede crear más medicamentos ni vacunas", insisten los investigadores, quienes alertan sobre una posible "paralización" de la 'locomotora de la innovación'.

El problema, como pueden ver, no es solamente de los investigadores y científicos, sino de todos los colombianos, de todo el mundo. ¿Como es posible que los abogados tomen decisiones médicas o científicas sin asesorarse adecuadamente? ¿desde cuando la versión de una sola de las partes basta para fallar, literalmente?

Lo grave no es que los jueces sean ignorantes e incompetentes en la materia, se prepararon para otra cosa, sino que hagan caso omiso de las advertencias de los que sí saben, que ignoren documentos de importancia crítica para abordar el problema, como el informe del Instituto de Genética de la Universidad Nacional que demuestra la existencia de Aotus Nancymaae nativo en Colombia, o que no se les ocurra pensar que su tesis va en contravía del derecho fundamental de la humanidad, el derecho a la vida, que por principio deben defender.


Ojalá, para bien de todos los colombianos, estos señores tengan la suficiente inteligencia, la grandeza necesaria para enmendar su error, cometido de buena fe, seguramente, pero no por eso menos lesivo y peligroso para el país. La antítesis del derecho, de la humanidad y de la sociedad de la información que nos tocó vivir, para felicidad de quienes con argumentos barnizados de verde trafican con la vida y la salud de todos.

Fernando Márquez 



Por:  |

11:28 p.m. | 28 de Abril del 2014
Manuel E. Patarroyo
Al inmunólogo Manuel E. Patarroyo le prohibieron recolectar monos 'Aotus' para sus investigaciones.
Foto: Archivo EL TIEMPO

Advierten que decisión en contra del inmunólogo impide la creación de medicamentos y vacunas.

El fallo del Consejo de Estado que prohíbe al inmunólogo Manuel Elkín Patarroyo recolectar monos 'Aotus' para sus investigaciones contra la malaria, preocupa a algunos científicos del país.
ELTIEMPO.COM conoció una carta -firmada por 16 organizaciones científicas, y centros y grupos de investigación relacionados con el tema de las enfermedades tropicales-, en la que se defiende a la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (Fidic) y a Patarroyo, su representante científico.
"Los grupos científicos del país consideran de suma gravedad para el desarrollo de la investigación científica, el cierre del Centro de Primates del Dr. Manuel Elkin Patarroyo (…) Con esta decisión se impide que continúe avanzando la investigación científica orientada a la búsqueda y el desarrollo de medicamentos y vacunas para la salud humana ", se lee en la comunicación, la cual dirigen a la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas.
El promotor de la iniciativa es Iván Darío Vélez, director del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (Pecet), de la Universidad de Antioquia. El médico anota que desde el pasado 23 de abril ha recolectado más de 150 rúbricas de científicos.
Detalla que cuenta con las firmas de Eduardo Posada y Ángela Restrepo, miembros de la Comisión de Sabios; Patricia del Portillo, directora ejecutiva de Corpogen; Luz Elena Castrillón, directora científica del Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica (Cecif); y Andrés Trujillo, director del Instituto Colombiano de Medicina Tropical.
A la iniciativa también se sumaron organizaciones, y centros y grupos de investigación como la Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB), la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), Maloka Centro Interactivo, el Centro Internacional de Física y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OcyT).
La academia también se unió a la campaña. Por parte de la Universidad de Antioquia, firmaron: el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (Pecet), el Grupo Malaria, el Grupo Salud y Sociedad, el Programa Ofidismo, la Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales, el Grupo Biología y Control de Enfermedades Infecciosas (BCEI) y el Grupo Investigador de Problemas en Enfermedades Infecciosas (GRIPE).
Por su lado, la Universidad Nacional está representada por el Grupo Inmunotoxicología (sede de Bogotá) y el Grupo Sistemática Molecular (sede de Medellín).
En la misiva –que se presentaría ante el órgano judicial este martes- se aclara que todos los medicamentos y las vacunas que se requieren para prevenir enfermedades son probados previamente en animales de laboratorio, "bajo estándares de la ética científica y siempre con el cuidado y la supervisión de veterinarios y biólogos".
"Uno de los requisitos para que un medicamento sea probado en humanos es que ya haya pasado la etapa de evaluación en animales en laboratorio. Es decir, que si esto no se puede permitir más se impide la realización de innovaciones científicas. Por lo tanto, no se puede crear más medicamentos ni vacunas", insisten los investigadores, quienes alertan sobre una posible "paralización" de la 'locomotora de la innovación'.
"El hecho de que se haya ordenado cerrar el Centro de Primates implica la suspensión de las investigaciones del científico del país más reconocido internacionalmente. La gravedad es que cerrando este bioterio, el Consejo de Estado da vía libre para que se sigan cerrando bioterios, otros centros de experimentación de animales, lo que llevaría al freno total de la investigación de medicamentos y vacunas", opina Vélez.
La carta va más allá y pide al Consejo de Estado revisar su determinación, conocida el pasado 29 de noviembre.
Una controvertida decisión
El fallo de la subsección C de la Comisión Tercera del Consejo de Estado confirmó el emitido el 4 de julio del 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Ese fallo –que respondió a una acción popular tramitada por el abogado Gabriel Vanegas y la primatóloga Ángela María Maldonado, directora de la fundación Entrópika- ordenó revocar a Patarroyo los permisos para la caza científica de 4.000 monos nocturnos.
En su sentencia, el Consejo de Estado afirmó: "Los humanos pueden servirse de los animales para su supervivencia, para su compañía, para investigación, en actividades laborales o recreativas, pero sin vulnerar los derechos que les asisten".
En criterio de los científicos, ese órgano judicial tomó una decisión "muy lamentable".
"Que un ciudadano considere que no se debe hacer experimentación con animales y poner tutelas, es algo completamente comprensible y respetable. Que el Consejo de Estado acoja dicha demanda sin allegar toda la información necesaria, ni visitar el Centro de Primates del Dr. Patarroyo, ni consultar con la comunidad científica, ignorando los estudios de genética que contradijeron dicha demanda, y sin analizar las implicaciones para el desarrollo de la ciencia que tiene esta determinación, es algo muy lamentable y preocupante".
Los científicos aseguran que el laboratorio -ubicado en Leticia, Amazonas-, "cumple con los más altos estándares internacionales de cuidado y manejo de animales de laboratorio y son atentidos por profesionales que conocen su trabajo y se preocupan por garantizar el bienestar de estos monos".
En su momento, los demandantes afirmaron que la Fidic incurrió en tráfico de especies al utilizar monos de origen peruano. Al respecto, Patarroyo ha dicho que el fallo desestimó los análisis de ADN de la Universidad Nacional que demostraron que los monos también son de origen colombiano.
Ante ese escenario, los científicos afirman que "la decisión del Consejo de Estado se basó en denuncias que se comprobaron no respondían a la verdad".
"No es cierto que el Dr. Patarroyo esté ingresando animales de contrabando, no es cierto que la especie de primates que está en Perú no se encuentre presente en Colombia, como científicamente fue demostrado por los estudios de ADN del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia. Tampoco es cierto que los primates mueran al participar en los experimentos, al contrario, se demostró que luego de liberarlos en su hábitat, al final de los estudios, éstos se adaptan y se reproducen normalmente. Estos primates, de otra parte, no están en peligro de extinción".
El pasado 14 diciembre, en el artículo 'Vacunas que salvarían a 17 millones de personas, en vilo por fallo', Patarroyo afirmó a EL TIEMPO que la decisión atenta contra 33 años de trabajo dedicados a lograr una vacuna efectiva contra la malaria. En ese tiempo, detalló, ha trabajado con 21.148 monos.
"Siempre he sido muy respetuoso de las instituciones y las leyes, por eso pido que el Consejo de Estado también respete los resultados incontrovertibles de la ciencia", dijo. Añadió que el fallo aleja "la posibilidad de evitar la muerte de un millón de niños por malaria al año".
Ante esta sonada disputa jurídica, Ecuador sacó sus cartas de juego. El vecino país quiere vincular a Patarroyo y a su equipo, a su política de desarrollo de ciencia. "He recibido ofertas similares de otros gobiernos e incluso de empresas multinacionales, sin embargo, esta es la primera vez, en 45 años, que las considero seriamente", afirmó el científico a principios de este año.

MARÍA DEL PILAR CAMARGO CRUZ
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM

@PilarCCruz
pilcam@eltiempo.com


sábado, 26 de abril de 2014

La guerra que perdió Patarroyo

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Patarroyo no ha perdido la guerra, ni la va a perder. Quizá alguna que otra batalla, pero no la guerra. Estoy absolutamente seguro porque siempre, a través de la historia, la justicia y el sentido común se han impuesto.  Además Patarroyo es un colombiano universal, respetado en todo el mundo, un guerrero. En algún lado debe haber gente inteligente que le facilite su trabajo en lugar de entorpecerlo, como aquí. 

La que si pierde definitivamente con todo esto es la humanidad, los muertos que pudieron haberse evitado, los que se enfermaron y se enfermarán.  El cierre de la FIDIC, si es que el gobierno, Colciencias y los demás encargados lo permiten, será una verdadera verguenza nacional. ¿Quieren traer cerebros fugados pero a los que han tenido el valor de permanecer aquí contra viento y marea los entierran? ¿es ese el mensaje para que vuelvan? entonces que se queden donde están. 

Para los otros esta es una pequeña victoria pero una gran derrota para quienes no tienen como pagar los precios que impone la industria farmacéutica. Es una victoria pequeña y vergonzosa, que se contabiliza en muertos. 

Fernando Márquez

COLOMBIA Ángela Maldonado le acusó de poner en riesgo de extinción a la especie Aotus

Monos en pareja de las dos especies polémicas.  El del cuello...

Monos en pareja de las dos especies polémicas. El del cuello amarillo es originario de Perú, no de Colombia. S. H. M.

El litigio por los monos nocturnos del científico Manuel Elkin Patarroyo no terminó con la reciente sentencia del Consejo de Estado de Colombia que le prohíbe utilizarlos para sus investigaciones de malaria. Los nativos que capturaban los animales están en pie de guerra, no se quedarán de brazos cruzados.

Por la rivera del Amazonas, desde Leticia hasta San Juan de Atacuari, el último poblado colombiano, fronterizo con Perú, las autoridades aborígenes respiran indignación contra Ángela Maldonado y los magistrados.

"No vamos a permitir que una aparecida, una señora que llegó ayer a la Amazonia, aplaste a la organización indígena con mentiras", señala Wilson Laureano, Coordinador de Territorios de "Aticoya", entidad que agrupa a 22 comunidades de los pueblos ticuna, cocama y yagua. "Se presenta ante el mundo como única defensora y protectora de la Amazonia, dice que nosotros somos los peores depredadores de la fauna y flora. Lo que pedimos es que ella, que violó la autonomía indígena, se retracte de todo lo dicho y pida perdón por los mismos medios en que nos ha difamado".

Los dardos están dirigidos contra la mujer que acusó a los curacas indígenas (máxima autoridad) de corruptos y traficantes de animales y al inmunólogo Patarroyo de poner en riesgo de extinción e importar de manera ilegal la especie Aotus (monos nocturnos). El científico deberá buscar una fórmula alternativa para realizar sus ensayos de la vacuna contra la malaria.

"Esa señora ni su Fundación Entropika puede entrar al territorio de Aticoya, decisión avalada por el Consejo de ancianos. Si lo hace, la Guardia Indígena debe apresarla", agrega.

En su casa de Leticia, capital del departamento de Amazonas, el más sureño de Colombia, Ángela Maldonado asegura que debido a sus denuncias, que considera irrefutables, su vida corre peligro. "El año pasado tuve que irme seis meses a Bélgica, de donde es mi esposo, por seguridad".

Ángela Maldonado y su defensa de los monos

Su historia con los monos arranca unos lustros atrás, cuando vivía en el norte del país con su novio de entonces. Trabajaban en un supermercado y un buen día un camionero dejó un mono abandonado. Ella lo rescató y ese gesto hizo que su vida diera un giro. Se entusiasmó con los primates, comenzó a estudiarlos, primero como autodidacta y más adelante realizó una maestría y un doctorado en Conservación.

"Entre el 2008 y el 2011 recogí abundante información y evidencias en la Amazonia sobre lo que estaba ocurriendo con los Aotus. Hice un estudio con la Universidad San Marcos de Lima", señala. Los datos le hicieren concluir que la especie Aotus nancymaee, de cuello amarillo, que los indígenas vendían a la Fundación de Instituto de Inmunulogía (Fidic) de Patarroyo, es originaria de Perú y Brasil, no la hay en Colombia. "Los de nuestro país son de cuello gris. Hay especies de micos que tienen una barrera geográfica que es el Amazonas. Lo que ocurre es que cogieron micos en Perú, se los vendieron a Patarroyo, y después los liberaron en Colombia". Su revelación le mereció el Premio Whitley Gold, conocido como "el Oscar verde".

A su juicio no solo sufren los animales, que según ella son devueltos a su entorno en malas condiciones después de pasar por el laboratorio y muchos mueren. También la selva porque los indios cortan los árboles donde duermen los monos para darles caza.

Los curacas y los colectores de primates rechazan de manera categórica sus denuncias. Ni arrasan con árboles ni cogen micos fuera de Colombia, aseguraron todos los que entrevistó este diario. Y encuentran incongruente hablar de nacionalidades de los animales en el universo amazónico. Ellos, que conocen la selva desde niños, no han visto las barreras infranqueables que señala Maldonado puesto que hay zonas donde pueden pasar de Colombia a Perú sin darse cuenta.
"Hay Ongs que han cogido el Amazonas como marca y tienen que montar escándalos internacionales para sustentar los recursos que les dan", comenta Fernando Mejía, director del informativo local de Rcn radio, reconocido por sus fuertes denuncias de todo orden. "Gastan millonadas en estudios chimbos (falsos)".

Unos 30 euros por cada mono capturado

Fue la comunidad "7 de Agosto" la primera que proporcionó micos a Patarroyo, allá por 1987. Lucía Macedo, de 65 años, explica que tres décadas ayudando a colectar monos le dan autoridad para rechazar la batería de acusaciones.

"Es puro cuento que se miraban micos muertos en el monte, como dice esa señora. Yo acompañaba a mi marido, mi cuñado, éramos un grupo. A veces se encontraba un nido, a veces nada, y no tumbaban árboles, se trepaban a ellos para agarrarlos", cuenta. "Cogiendo micos es que levanté a mi familia, hicimos la casa. De eso vivíamos en tiempos de inundaciones y ahora quedamos sin nada".

Patarroyo pagaba entre ochenta y cien mil pesos (30 y 50 euros) por ejemplar, y en esos parajes remotos, donde los ríos cubren las chacras (huertas) varios meses por año y no hay fuentes de empleo, escasean las alternativas a los ingresos que obtenían con Fidic, su único sustento durante el invierno.
S.H.M.
El hijo de doña Lucía, Gildardo Vázquez, 32 años, que fue curaca, aprendió el oficio de sus mayores. "Yo trabajé 16 años de colector y siempre los cogimos en nuestra comunidad, 7 de Agosto, jurisdicción de San Juan de Atacuari. Teniendo los micos en Colombia, para qué ir a Perú a meterse en problemas. Allá también existen comunidades indígenas con autonomía sobre su territorio y hay que pedir permiso para ingresar y colectar una especie. Para trabajar con micos, Patarroyo tuvo que reunir a los curacas de la región y explicar sus intenciones. Además, la Fidic va a las comunidades cada tres meses para socializar la manera de colectar micos sin causar daños a la selva ni a la especie".

Por la selva, detrás de los monos

Los colectores salían de noche en partidas de cuatro y cinco personas, para detectar los "nidos" -un hueco en los troncos. Sabían que los micos irían a dormir tan pronto despuntara el día. Señalaban los árboles y regresaban al poblado a descansar unas horas. Cuando el sol estaba alto, volvían a la selva. Trepaban el palo y tapaban con una lona el hueco por donde habían ingresado los monos; después, hacían otro agujero para obligar a los animales a huir por él en cuanto armaban bulla con palos para ponerlos en fuga. Salían aturdidos y los capturaban con facilidad.

"Si estuvieran en peligro de extinción, no los encontraríamos cerca del pueblo después de tantos años. Y la deforestación que dice Maldonado sería evidente", apunta Gildardo Vázquez.
Una vez reunían varios animales, los trasladaban en lancha hasta Fidic en Leticia. Solo los colectores previamente registrados podían entregarlos. Debía ser viernes por la mañana y darlos en presencia de delegados de Corpoamazonía, Policía ambiental, el Comité de Ética y Sinchi (Instituto de Estudios Amazónicos).

Quejas del Comité de Ética

"La de Amazonas es una frontera tan frágil, tan porosa, tan grande, que no es posible determinar que los micos no cruzan a ambos lados. Pero todo lo que afirma Maldonado son supuestos, no hay ningún argumento contundente en sus estudios", asevera Héctor León Porras, miembro del Comité de Ética, organismo que supervisa el trato a los animales en las investigaciones. "Nosotros vemos cómo trabajan los colectores, se suben a los árboles, no los tumban. También siempre voy a las liberaciones, que se hacen en el mismo lugar donde se capturan. Y garantizamos que los micos estén en perfectas condiciones en la Fidic. Mi único interés es proteger la Amazonia y los animales".

Le sorprende que el Consejo de Estado no los convocara para conocer otros argumentos que les ayudara a decidir el sentido del fallo. Igual opina Luz Marina Mantilla, Directora del Instituto de Investigación Científica para la Amazonía (Sinchi). "La discusión científica no debe ser mediática y nosotros podemos aportar. Los micos no están en peligro de extinción", aduce. "Son 116 kilómetros de frontera del Trapecio Amazónico y acabamos de terminar un estudio con la Universidad Nacional sobre la presencia de los Aotus, que aún no se puede hacer público y que es el más completo hasta la fecha, aunque hay que seguir profundizando".

Este diario conoció que el "Estudio de campo del Género Aotus al sur de la Amazonía colombiana, Fase 1", al que se refiere Mantilla, concluye que la especie nancymaae, la que está en el centro de la polémica puesto que Maldonado y otros estudiosos afirman que es exclusivamente peruana, existe de tiempo atrás en territorio colombiano y no corre riesgo de desaparecer.

Hasta qué punto ese descubrimiento arrojará luz sobre una disputa jurídica que ha desbordado el ámbito puramente científico, es incierto. A Maldonado la respaldan importantes Ongs foráneas, además de dos sentencias de tribunales colombianos, uno de los cuales -Consejo de Estado- estudia la apelación de Patarroyo.

"No entiendo cómo el Consejo de Estado solo la escuchó a ella", recuerda Manuel Ramos, Presidente de Aticoya. "Si Maldonado fuera científica, la respeto. Pero ella y el marido no sabemos de dónde aparecieron, se atreven a hacer afirmaciones sin base. Los monos están sanos y no en peligro de extinción. Si no nos escuchan en Colombia, vamos a defender ante la Corte Internacional nuestra causa, que es la investigación de la vacuna contra la malaria y la autonomía sobre nuestro territorio".


miércoles, 23 de abril de 2014

El regreso de cerebros a Colombia

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Colciencias es uno de los organismos más importantes con que cuenta el país, y es sin duda valioso el esfuerzo de repatriar un buen número de profesionales con niveles de formación altos, que el país necesita con urgencia.  Pero antes hay que proporcionarles los medios, TODOS, para que puedan desarrollar con éxito su labor, para que decidan quedarse. Hay que pagarles bien, condonar las deudas en que hayan incurrido para estudiar, protegerlos del desempleo, amañarlos, como dicen coloquialmente. Es un esfuerzo grande que hace años se ha debido emprender, alimentar y sostener. 

Lo que no entiendo es como Colombia, teniendo uno de los centros de investigación más importantes del mundo, que ha formado muchos de los Doctores que reclaman hoy y que ha desarrollado métodos muy importantes, modelo en el mundo, la FIDIC, es abandonado a su suerte, no se si por cuestiones personales, Patarroyo no es monedita de oro, pero es lo mejor que tenemos, científicamente hablando,  o si es por desgreño, incompetencia, falta de plata u otra razón que no atino a imaginar.

Permitir el cierre de este Instituto y la eventual fuga de Patarroyo y su grupo es algo que debe inducir profundas reflexiones en los científicos que aspiran convencer de que tendrán mejores oportunidades aquí que en el exterior. Tamaña incoherencia es lo primero que Colciencias y el país deben enmendar para que se vea seria su propuesta.

Fernando Márquez

Abril 01 de 2014

El gobierno, a través de Colciencias, tiene un ambicioso plan para devolver al país los cerebros más brillantes que viven en el exterior. Los retos son mayúsculos pero, de mantenerse, podría ser el inicio de una política de Estado que revitalice la investigación de alto nivel en Colombia.



Hace 20 años el entonces presidente César Gaviria convocó a diez científicos e intelectuales para que reflexionaran sobre la Colombia del futuro. En ese grupo, que se conoció como la Misión de Sabios estaban, entre otros, Rodolfo Llinás, Manuel Élkin Patarroyo, Eduardo Posada, Ángela Restrepo, Marco Palacios y Gabriel García Márquez, quienes entregaron al final de sus deliberaciones un documento de 150 páginas en el que plantearon que la clave para el desarrollo del país estaba, entre otros aspectos, en la necesidad de formar a 20.000 doctores y crear 16 centros de investigación de alto nivel, como inicio de un gran plan de apropiación de ciencia, innovación y tecnología, que se convertiría en motor de desarrollo para el país.

En uno de los pasajes del informe Colombia: al filo de la oportunidad, los sabios dicen: “Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética –y tal vez una estética– para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal… Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía”.

Desafortunadamente, dos décadas después, este ambicioso plan sigue sin cumplirse. Los grandes centros no aparecieron, los que existen o han nacido pasan dificultades para sobrevivir y solo en los últimos años el número de doctores en Colombia ha aumentado de manera gradual. En 2011 se graduaron 644 nuevos, y para ese año el país contaba solo con 7.129, una cifra muy distante del sueño de los sabios, según cifras del Observatorio de Ciencia y Tecnología.

Para dar por fin ese gran salto, el gobierno, en cabeza del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), lanzó Es Tiempo de Volver, un programa que pretende repatriar en los próximos dos años a unos 200 ‘cerebros fugados’, doctores que estudiaron o están trabajando en centros de excelencia internacional. La meta es que estos colombianos regresen como mínimo por dos años y ayuden en la docencia universitaria, la investigación y la industria. Es Tiempo de Volver les ofrece a estos talentos colombianos estancias posdoctorales, con el fin de fortalecer los procesos de investigación e innovación, y transferir el conocimiento que han adquirido a diversas universidades, empresas y centros de desarrollo tecnológico del país.

Durante varias décadas la violencia, la falta de oportunidades para estudiar, investigar o desarrollar una carrera científica en Colombia, detonaron una emigración masiva de cerebros. Sin embargo, hoy el gobierno y la academia creen que las circunstancias han cambiado y que es hora de pedirles que vuelvan al redil. Por eso se espera que Es Tiempo de Volver se convierta en una política permanente de Estado, incluso más ambiciosa y robusta, para que regrese un alto número de profesionales.
El programa intenta convencer este año a 200 doctores que residen en el exterior para que con un presupuesto que incluye gastos de traslado, salario por dos años, beneficios tributarios, recursos para investigación y ayuda para su familia, entre otros, puedan desarrollar sus conocimientos y capacidades en Colombia. (Ver condiciones del programa en el siguiente artículo).

María Fernanda Campo, ministra de Educación, advirtió que la meta del gobierno es graduar 1.000 nuevos doctores al año como mínimo, y este programa de repatriación de cerebros va a ser muy importante para formar nuevos talentos y para desarrollar nuevas investigaciones, especialmente en las regiones. “Con esta primera cohorte de repatriados vamos a medir la receptividad, las dificultades, el aprendizaje y fortalecer el programa, para tratar de ampliarlo en los próxi-mos años”, dice Campo.

Paula Marcela Arias, directora de Colciencias, señala que uno de los pilares del desarrollo de un país es el capital humano altamente formado, y por eso “quienes han estado afuera tienen modelos e iniciativas que pueden favorecer el desarrollo de la academia y la industria nacional”. Arias está convencida de que mientras más doctores haya, el nivel cualitativo de la academia aumenta y esto, a su vez, jalona procesos de desarrollo a nivel intelectual, científico e industrial.

Esta no es la primera vez que el Estado colombiano intenta atraer a sus ‘cerebros fugados’. El gobierno de Belisario Betancur trató de hacerlo con resultados precarios, pues los pocos que vinieron, terminaron por emigrar de nuevo. Por otra parte, la Presidencia de César Gaviria creó la Red Caldas, una política que buscaba integrar a los investigadores colombianos residentes en el exterior con la comunidad científica nacional. Sin embargo, este programa, a diferencia del actual, no buscaba precisamente la repatriación, sino vincular a los científicos en el extranjero al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para consolidar equipos de trabajo. Al final, esta red prácticamente se desintegró frente a la falta de una política clara de Estado que permitiera su continuidad.

La directora de Colciencias, aclara que el objetivo de Es Tiempo de Volver es más ambicioso y sólido que los intentos anteriores, pues cuenta con un documento Conpes, recursos fijos y el respaldo de importantes universidades del país que se han destacado en áreas de investigación como las universidades Nacional, los Andes, la de Antioquia, Valle, UIS y Caldas, entre otras 14 instituciones más. Asimismo, hay empresas comprometidas con el programa, que van a vincular a esas mentes brillantes en procesos de innovación industrial.

El papel de alguien con un Ph.D. es avanzar más allá de la frontera del conocimiento, resolver problemas, hacer descubrimiento o poner al servicio de una comunidad nuevos conocimientos. En otras, buscan modificar y mejorar la forma como se hacen las cosas.

La exministra de Educación y rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cecilia María Vélez, dijo que el programa es maravilloso para las universidades y los centros de investigación del país. Para ella, los programas de acreditación y excelencia, las necesidades de investigación y el tener docentes altamente cualificados son una necesidad. “Creo que va a ser un éxito, porque por primera vez están alineados los astros, pues muchos profesores quieren volver, las universidades los estamos necesitando y la ayuda de Colciencias rompe las barreras que teníamos para traer ese talento”, dijo Vélez.

Jerónimo Castro, director de Colfuturo, reconoció que el proyecto liderado por Colciencias es inteligente, pues busca conectar el conocimiento y la experiencia que tienen aquellos colombianos que se han desarrollado profesionalmente en el exterior, con la academia, la industria y el sector productivo nacional. Sin embargo, aclaró que las mejores opciones para que lleguen esos doctores están en la ingeniería, la infraestructura, la minería, el petróleo y el gas, áreas en donde habrá en los próximos años más inversiones y desarrollo. Así mismo, considera que en áreas como la agricultura o la biotecnología, en donde hay grandes necesidades y potencial para crecer como país, aún no hay un escenario claro para que estos doctores aterricen.

Sin embargo, no todos creen que el país ya esté preparado para recibir a sus talentos expatriados. Iván Darío Vélez, fundador y director del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia, señala que hoy los centros de educación superior no tienen capacidad para ubicar a los doctores que llegan del exterior. Vélez coordina uno de los grupos de investigación más importantes del país y ha visto cómo, incluso dentro de su grupo de trabajo, hay doctores que deciden irse nuevamente, pues no encuentran un lugar adecuado para trabajar. “Las condiciones laborales no son equivalentes con la inversión. Un doctor termina con deudas superiores a los 100 millones de pesos, que no va a poder pagar con salarios como los que ofrece el mercado colombiano”, dice Vélez.

El académico también menciona varios inconvenientes en la legislación nacional que impiden que la investigación avance al ritmo de los países desarrollados. “En Colombia es más costoso investigar que en Estados Unidos. Acá hay trámites muy demorados y se necesitan permisos que retrasan los procesos científicos. Mientras que afuera un reactivo se puede obtener de un día para otro, acá los trámites pueden dilatar el proceso por varios meses”, señala Vélez. Por eso considera que si bien este nuevo programa es una buena noticia, se necesita todo un proyecto de Estado que permita que la ciencia y la tecnología ocupen un lugar privilegiado dentro del país.

Para Moisés Wasserman, Ph.D. en Bioquímica y exrector de la Universidad Nacional, este programa de Colciencias es muy valioso, pero debe estar acompañado de una iniciativa del Estado para crear los cargos y dotar los laboratorios y centros de investigación, muchos de los cuales tienen escasos recursos para funcionar. “Sería muy frustrante para los que vengan, y para el país, que después de dos años tengan que regresar o que dejen acabar el programa”.

Frente a estas y otras dudas, la ministra Campo dice que en los últimos años el gobierno logró que de las regalías por las explotaciones petroleras y mineras, se destine más de 1.5 billones de pesos a investigación, Ciencia y Tecnología. Todos estos recursos también deben ayudar a resolver parte de las necesidades que tienen las universidades y los centros de investigación. Es claro que Colombia está pasando por un momento ideal para incentivar los campos de la ciencia y la educación, pues las condiciones de seguridad han mejorado, la economía del país está entre las más sólidas de la región y los diálogos de paz plantean la necesidad de construir un proyecto de Nación que no excluya a los científicos.

Otro factor determinante es que los problemas económicos que atraviesan varios países de Europa impulsan a que los colombianos regresen y decidan echar raíces en su país. Varias experiencias exitosas en el mundo lo atestiguan. Por ejemplo, en 2008 el pro-grama Raíces, en Argentina, después de varios años fue declarado política de Estado (ver artículo ‘Experiencias Internacionales’). Otros casos han demostrado que la repatriación de doctores y personas con alta formación es un motor de desarrollo, como ocurrió con Irlanda, Corea del Sur, China, India y Chile, en donde se ha logrado revertir la fuga con políticas y planes agresivos de retorno.

Hace unas semanas el presidente Juan Manuel Santos, al acoger un estudio contratado por la Fundación Compartir que revelaba las fallas estructurales de la docencia en el país, se propuso convertir a Colombia en la nación más educada de América Latina hacia 2025, algo que pasa necesariamente al transformar la educación superior. Es un plan quizá tan idealista como la meta con la que soñaron hace 20 años los sabios colombianos. Ojalá esta vez sí se materialice.

Un problema para América Latina
La ‘fuga de cerebros’ trae grandes pérdidas económicas y frena el desarrollo científico y tecnológico de los países.

A pesar de la crisis de las grandes economías mundiales, la ‘fuga de cerebros’ de América Latina es una tendencia irreversible. Es un fenómeno paradójico pues en las últimas décadas el subcontinente ha aumentado su inversión en educación, lo que ha causado un aumento de los individuos con grado universitario o de posgrado. Sin embargo, muchos de estos profesionales prefieren irse al extranjero para realizarse. Esta dura realidad ha causado grandes costos a las economías de la región ya que pierden el dinero que han invertido en educar a estos profesionales.

Según la Unesco entre los años noventa y la primera década del siglo XXI la cifra de profesionales que abandonaron América Latina para irse a algún país desarrollado creció un 155 por ciento. Por ejemplo, tan solo en 2007 cinco millones de médicos, ingenieros, arquitectos y otros abandonaron sus países de origen para ir principalmente a Estados Unidos. Pero para muchos de estos inmigrantes la llegada a un país desarrollado no significa su realización profesional. Más del 60 por ciento de ellos termina trabajando en empleos que no se corresponden con su formación.

Los gobiernos latinoamericanos son conscientes de que la ‘fuga de cerebros’ además de traerles graves pérdidas económicas, impide el progreso científico y tecnológico de sus países. Por eso han empezado desde la segunda década del siglo XXI a adoptar políticas de Estado para llevar a cabo procesos de repatriación. Por la novedad de estos programas todavía es muy precipitado evaluar su éxito.