La industria farmacéutica debe entender que su naturaleza exige un respeto absoluto por la salud y la vida, y no poner por encima de ellas sus rendimientos financieros.
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Fotografía de archivo particular.
Las grandes farmacéuticas del mundo han tenido que reconocer, en los últimos meses, ser autoras de prácticas ilegales y antiéticas por cuenta de las cuales enfrentaban procesos que terminaron en acuerdos extrajudiciales y multas millonarias para evitar mayores complicaciones.
Hace apenas unas semanas, Glaxo Smith Kline tuvo que pagar 3.000 millones de dólares por estimular durante años la prescripción en niños de un antidepresivo que solo estaba aprobado para adultos, también por recomendar un fármaco para enfermedades sobre las que no tenía efectos demostrados y por ocultar los riesgos de otro de sus medicamentos para la diabetes.
En mayo, Abott tuvo que pagar, en una conciliación similar, una multa cercana a los 1.500 millones de dólares por recomendar que un medicamento para la epilepsia fuera utilizado para el manejo de enfermedades en las cuales su eficacia no había sido probada. Con un agravante: al parecer el laboratorio habría estimulado con dádivas y sobornos a médicos para que lo formularan.
Y aunque Pfizer, otro grande, había acordado pagar hace tres años una multa cercana a los 2.000 millones de dólares por la promoción fraudulenta de 13 de sus medicamentos, el 8 de agosto se supo que esta farmacéutica concilió con el Departamento de Justicia de EE. UU. otra cercana a los 60 millones de dólares por sobornar a médicos, reguladores y funcionarios en el extranjero, particularmente de China y Europa. Por esta misma razón, Johnson & Johnson ya había pagado una multa de 70 millones de dólares.
Aunque de este modo las compañías se ponen 'al día' en materia judicial, son escalofriantes las implicaciones que en términos de salud entrañan estas acciones, pues los protagonistas de estos escándalos son medicamentos que consumen, en forma masiva, seres humanos de carne y hueso. Ningún fármaco, por benéfico que parezca, está exento de efectos colaterales que incluso pueden afectar a quienes lo necesitan.
Prácticas como recetar medicamentos a gente que no los requiere, prolongar los tratamientos más allá de lo debido, incrementar las dosis injustificadamente, recomendarlos para dolencias frente a las cuales no son eficaces o, peor aún, inventarse enfermedades donde no las hay, hacen parte de una perversa estrategia que busca vender más, a expensas de la salud de las personas.
Por supuesto, tampoco ayuda el hecho de que muchos investigadores olvidan mencionar en los artículos donde dan a conocer sus resultados, quién los financia. Es antiético que los trabajos que anuncian efectos benéficos de un fármaco no referencien, con claridad, quiénes los pagaron, mucho más si entre quienes aportaron recursos está la empresa fabricante.
Se sabe que algunas casas farmacéuticas han creado revistas o publicaciones de corte científico que solo divulgan artículos que resultan ser propaganda para sus productos. Algunos ya han sido señalados con nombre propio y castigados. Esto no solo exige una celosa vigilancia por parte de autoridades sanitarias de todo el mundo, también demanda una necesaria autorregulación de los médicos, que son los llamados a llevar a la práctica los rigurosos códigos de ética que definan los límites que su profesión debe tener con los laboratorios.
En medio de todo está la salud de la humanidad. La industria, por su parte, debe entender de una vez por todas que su naturaleza exige un respeto absoluto por la salud y la vida, en lugar de poner por encima de ellas sus rendimientos financieros. Se trata de una práctica criminal que no se resuelve pagando multas con dineros que han salido de sus propios fraudes. Y eso es doblemente grave.
editorial@eltiempo.com.co
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