FALLA DEL CONSEJO DE ESTADO

El 5 de Julio pasado el Instituto Amazónico de Investigaciones científicas, SINCHI, publicó un estudio que demuestra, con base en pruebas científicas, ADN incluido, que los micos que utilizaban Manuel Elkin Patarroyo y la FIDIC para probar las vacunas en desarrollo son colombianos.  A la misma conclusión habían llegado con anterioridad los investigadores del Instituto de Genética de la Universidad Nacional, IGUN.

    Manuel Elkin Patarroyo -  Foto de EL ESPECTADOR

Estos dos organismos son autoridades en la materia, gozan de credibilidad y confianza en los círculos académicos y científicos del país, cuentan con personal calificado y con equipos que garantizan la exactitud de sus dictámenes, que al fin de cuentas no hicieron sino comprobar técnicamente lo que los indígenas de los resguardos amazónicos vienen diciendo hace tiempo: allí no se ha cometido ningún ilícito.  No es cierto que los micos sean colectados –no cazados– en los países vecinos y vendidos en Leticia. Los micos son colombianos.

Entonces la acusación de tráfico ilegal de especies animales queda sin piso, lo mismo que el fallo del Consejo de Estado que obligó al cierre de la estación de primates que Patarroyo tenía en Leticia, crucial para el desarrollo de vacunas contra la malaria y otras enfermedades.

Le corresponde ahora al Consejo de Estado encontrar rápidamente una solución jurídica que permita revisar el caso y corregir el error cometido. Aquí no cabe el concepto de cosa juzgada ni es aceptable la perpetuación de una condena originada en errores de apreciación y en el desconocimiento de los magistrados que no se asesoraron adecuadamente.  Algo va de los artículos e incisos a los virus y bacterias, por ejemplo.

Cuando los abogados, cuya formación es muy diferente a la de los científicos que trabajan con patógenos, legislan sobre temas que ignoran o lo hacen con base en dichos de otros o en sus personales concepciones del universo y de la justicia, se corre el riesgo de entorpecer investigaciones importantes para resolver problemas relacionados con la salud y la vida humanas o peor aún, de desvirtuar su razón de ser.   

El tiempo perdido es irrecuperable, pero algo bueno puede quedar aún de todo esto: la obligación de que jueces y magistrados convoquen siempre a los mejores expertos disponibles en las materias a juzgar para que lo puedan hacer con certeza e imparcialidad. Errar es humano, pero permanecer en el error a sabiendas es reprobable e indigno. La justicia colombiana no puede seguir siendo objeto de la desconfianza de los colombianos ni instrumento de quienes por cualquier razón se consideran superiores a ella. 

Si hay que revisar, revisemos, con eficacia y prontitud, que lo que está en juego es la vida de centenares de miles de personas que necesitan soluciones urgentes, no alegatos ni discusiones estériles que solo benefician a quienes comercian con la salud y la vida humanas.  A los muertos y sus familias no les sirve de nada el argumento de que las pruebas se produjeron extemporáneamente.   

Fernando Márquez