Sanción a Corpoamazonia confirma
sospechas del científico
El
Consejo de Estado, Sección Cuarta, notificó el pasado 28 de octubre de 2015 al
científico Manuel Elkin Patarroyo (Radicación No. 11001-03-15-000-2014-00723-02)
sobre la sanción impuesta a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, por desacatar la orden emitida por el órgano
judicial para que en el plazo de treinta días contados a partir del 12 de
diciembre de 2014, fecha de emisión del fallo, (Referencia No. 11001-03-15-000-2014-00723-00),
presentara un informe para determinar si la FIDIC, el instituto que dirige
Patarroyo, ha cumplido con las exigencias impuestas, para autorizar el
desarrollo del proyecto “Captura y Estudio
de Investigación Científica en diversidad Biológica de Primates en la cuenca
del Río Amazonas en el trapecio Amazónico Colombiano”.
Foto: Archivo / EL TIEMPO
El
valor de la multa es de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
monto que resulta apenas simbólico frente a los multimillonarios presupuestos
que maneja la Corporación; la importancia de la sanción consiste en que confirma
las sospechas del científico de que hay funcionarios que maniobran para
obstaculizar su trabajo. “Enemigos agazapados” de la vacuna contra la malaria
en Colombia, enquistados en instituciones que son las autoridades competentes a
las que por fuerza tiene que acudir. No hay otras instancias.
El
Consejo de Estado también le ordenó a Corpoamazonia levantar automáticamente la
suspensión provisional del permiso para el desarrollo del proyecto, en el
evento de que el informe presentado fuera favorable a la FIDIC, pero Corpoamazonia
introdujo nuevos requisitos con base en los cuales alegó un supuesto
incumplimiento y dilató la expedición del permiso y de los lineamientos
técnicos que debía cumplir. “En ese
sentido, no hay lugar a duda de que, so pretexto de resolver la solicitud de
ampliación y modificación del permiso, presentada por la FIDIC, CORPOAMAZONÍA
no le puede exigir a la Fundación accionante otros requisitos ni ´nuevas
condiciones´, como esa misma entidad los llama, distintos de los que ya le
había exigido para expedirle el permiso de investigación”, dice el texto
del fallo sancionatorio. “Esto es, que el análisis se debía
efectuar con sustento en los requisitos que se le exigieron a la FIDIC al momento en que se expidieron esos
actos administrativos y no en otros”.
En resumen: para la FIDIC era imposible
cumplir requisitos que ni siquiera conocía, con respecto a actividades ya
ejecutadas. Es claro que las nuevas exigencias solo podrían cumplirse con
respecto a actividades futuras, no pasadas, y que por lo tanto exigir su
cumplimiento como condición para la expedición del permiso es una maniobra
malintencionada.
De esta manera el cumplimiento de la orden del
Consejo de Estado se demoró meses
y cuando al fin la obedeció, le impuso a Patarroyo y a la FIDIC unos requisitos
de muy difícil cumplimiento, que se niegan a modificar. La responsabilidad se la
endosan mutuamente Corpoamazonía y el Sinchi con la participación del
Ministerio de Ambiente. La primera dice que la redacción es del Sinchi, el ente
que formuló las nuevas exigencias, y este asegura que se limitó a formular unas
recomendaciones que no son de obligatorio cumplimiento, con base en las
recomendaciones de un “Comité Técnico de Especies Amenazadas” convocado por el Ministerio
de Ambiente, entidad pública autónoma al respecto, y que es decisión de
Corpoamazonía acoger o no sus recomendaciones. Esta una actitud desgastante e irrespetuosa,
muy parecida al desfile interminable por ventanillas y dependencias al que algunas
entidades someten a sus obligados visitantes, so pena de ser sancionados o
encarcelados por incumplir sus obligaciones.
La
investigación de la FIDIC ya cumple cuatro años de parálisis total. Es hora de
que Corpoamazonia, el Sinchi, el Ministerio de Ambiente y quienes estén
involucrados en la toma de decisiones al respecto, cumplan las órdenes
judiciales sin más preámbulos o que, francamente, le informen al país y a
Patarroyo las razones, si las hay, de su renuencia a permitir el desarrollo del
proyecto.
Colombia
es un país donde investigar es muy difícil, por razones económicas, por falta
de personal calificado, por los elevados costos de los insumos y equipos, pero mucho más por la
burocracia que entorpece y demora por el simple prurito de “ejercer la
autoridad”, porque Patarroyo les resulta antipático o por razones esotéricas que
solo ellos, los iluminados, conocen.
En
todo caso, de lo que se trata es de trabajar para salvar vidas humanas, sin otra
aspiración que hacerlo solucionando los obstáculos que plantea la investigación en sí misma, no las
imposiciones arbitrarias e incoherentes de quienes deberían resolver los
problemas existentes en lugar de crear otros nuevos. ¿Es tan difícil de entender?
Fernando
Márquez
