El Profesor Manuel Elkin
Patarroyo explica con precisión y
rapidez como se fabrican las vacunas sintéticas, paso a paso. Describe con
exactitud el número y la localización de cada átomo, de cada proteína, que se cuentan
por miles, en el genoma del parásito de la malaria, del virus causante de la
hepatitis C, del virus del papiloma humano. Sabe que contiene cada uno del
cúmulo de artículos y revistas científicas que tiene sobre su mesa de trabajo.
Conoce al dedillo la composición de cada uno de los más de 39 mil péptidos que
ha sintetizado a lo largo de su carrera como investigador. Habla con propiedad
de economía, de política, de petróleo, de arte, de cualquier tema, pero frena
en seco cuando trata de explicar cómo funcionan las autoridades ambientales en
Colombia. No entiendo nada, confiesa. No
sé si sea torpeza, ignorancia o la salida del closet de algunos enemigos gratuitos
y agazapados que tengo, pero nos hacen un daño brutal. Es más sencillo formular
las reglas para producir vacunas que entender el modus operandi de Corpoamazonia y el Sinchi. Llevamos tres años de
parálisis y no vemos soluciones reales en el corto plazo aunque haya órdenes
precisas al respecto, dice.
Y tiene razón: un buen ejemplo del mal funcionamiento
de la burocracia oficial lo dan las autoridades ambientales del Amazonas. A
finales del año 2014 el Consejo de Estado le ordenó a la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, fijar las
condiciones para que Patarroyo pudiera utilizar nuevamente micos para la
realización de pruebas biomédicas. Corpoamazonia solicitó el concepto del
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, que convocó un
“Comité de especies Amenazadas”, subordinado al “Comité Coordinador de Categorización
de las Especies Silvestres Amenazadas”, dependiente del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, a quien le transladan la responsabilidad por su
conformación.
El resultado de las convocatorias de los
comités fue un documento de 12 páginas llamado “Propuesta técnica de la cuota de aprovechamiento de Aotus vociferans”,
en el que se mezclan requerimientos válidos, lógicos y necesarios con otros
francamente exóticos, que son en realidad una negativa disfrazada para impedir
el uso de los animales. Sí, pero no.
Los parámetros poblacionales,
reproductivos y de mortalidad para las simulaciones se establecieron a partir
de la información disponible en la literatura científica, con datos de colonias
en cautiverio, –cuya situación de confinamiento altera su sistema inmune, reduce
sus tasas de reproducción, favorece la endogamia y distorsiona los resultados–
y algunos de poblaciones silvestres, especialmente de Aotus vociferans pero
incluyendo otras especies del género, dice el documento.
Ni Corpoamazonia ni el Sinchi han
desarrollado estudios propios y confiables que les permitan tomar decisiones
ajustadas a la realidad. Todo se basa en simulaciones, hipótesis, probabilidades,
presunciones y consulta de la poca
información disponible. “Se asumió que la capacidad de carga para la
especie en la zona del Trapecio Amazónico corresponde a las densidades
poblacionales estimadas en áreas sin aprovechamiento, las cuales equivalen a
29.5 individuos por kilómetro cuadrado”. Con base en tal estimación se modificaron
las áreas de colecta, con lo cual se triplicaron las distancias, el tiempo y la
dificultad que los colectores deben afrontar para completar el número de micos
autorizado.
El Profesor Sergio Castro es biólogo, docente
y conocedor a fondo de estos asuntos; él decidió presentar un derecho de
petición al Director General de
Corpoamazonia, William Mauricio Rengifo Velasco, solicitando la revisión
de dos de los requisitos o recomendaciones que consideró irrealizables: la
práctica de pruebas de ADN in situ y la condena tácita a los
animales empleados para las pruebas, sometidos a cautiverio de por vida o a ser
sacrificados, y la publicación de las hojas de vida de los expertos
contratados, con el fin de verificar sus competencias como primatólogos.
La respuesta de Corpoamazonia, firmada
por Mauricio Valencia Sepúlveda, Subdirector de Administración Ambiental, asombra
por su irresponsabilidad, considerando que este organismo es la máxima
autoridad ambiental en su jurisdicción: “la
solicitud de modificación debe hacerse ante el Sinchi, instituto encargado de la
emisión de la propuesta técnica, más no ante Corpoamazonia, aclarando que el
documento de propuesta no es de carácter vinculante, por ello está supeditado
hacer (sic) (¿no revisan sus
escritos?) acogido o no por quien lo solicite”, es
decir, Corpoamazonia. En su favor puede decirse que la sugerencia del Sinchi
referente a la prohibición de liberar los especímenes sometidos a
experimentación biomédica de nuevo al medio silvestre no fue acogida, ya que,
como lo reconocen ellos mismos, “se
tienen aproximaciones del éxito de re-incorporación (sic) a la población de los
individuos que sobreviven tras la liberación”. (Sinchi, 2012). “Se asumió una población cerrada, (sin
inmigración ni emigración), aun cuando es muy poco probable que la población se
comporte así. Sin embargo esta aproximación genera resultados más conservadores”.
Si es “poco probable” que la población se comporte así, ¿cómo pueden imponer –o
sugerir– requisitos cuyos buenos resultados también podrían ser “poco probables”?
¿Se trata de experimentar, a ver si resulta? y si no resulta, ¿quién responde?
Por su parte el Sinchi, a través de su
Directora, Luz Marina Mantilla Cárdenas,
respondió las peticiones del biólogo, Profesor Sergio Castro, diciendo que la
propuesta técnica no contiene requisitos de obligatorio cumplimiento, que ellos
se limitan a enviar sugerencias. “Corpoamazonia
es la máxima autoridad ambiental y es a ellos a quienes corresponde decidir si
acogen o no sus recomendaciones”, dice. Es lo que coloquialmente se llama
“peloteo”, una estrategia eficiente para enredar y demorar las soluciones que
se requieren. ¿Cómo puede conocer Patarroyo con certeza las condiciones que debe
cumplir? ¿Qué pasaría si incumplo alguna
regla no suficientemente clara?, pregunta.
El Sinchi insiste en la inconveniencia
de liberar los animales nuevamente en su hábitat natural: “no contemplar la liberación de individuos sometidos a
experimentación biomédica de nuevo al medio silvestre”. Según se informó a
Corpoamazonia, dice su directora, este requisito debe entenderse así: “Es necesario contemplar que los individuos
que han sido sometidos a experimentación biomédica no retornen al medio
silvestre. Por protocolos sanitarios no es recomendable devolverlos al medio”. ¿Cuáles
protocolos? ¿Quién los estableció?
¿Con que criterios? “Es pertinente
iniciar una investigación para desarrollar colonias que en un futuro cercano
aporten primates para diversas investigaciones”. Aquí pierden los animales,
los recursos que dicen proteger y los investigadores, sometidos a los dictados
de unos organismos que dan órdenes confusas que ni ellos mismos saben bien como
cumplir. Corpoamazonia “en cada lugar de
cosecha, previo a la extracción, y de manera simultánea con la estimación de
densidad, debe obtener muestras de tejido de algunos individuos para
identificación molecular, (determinación del taxón a través de un análisis de
ADN para corroborar la presencia de la especie permitida en el permiso”.
¿Llevarán secuenciador y equipo de PCR a la selva? ¿Podrán hacer en minutos, debajo de un árbol,
lo que un laboratorio especializado, con dedicación exclusiva tardaría 10 o 12
horas en realizar? ¿Dónde piensan conectar los equipos?
Tanto el Sinchi como Corpoamazonia se
negaron a publicar las hojas de vida de los expertos en primates y manejo de
fauna silvestre que apoyaron el estudio porque ellos no han consentido en la
revelación de sus datos personales, “por
lo cual la entrega de dicha información violaría su derecho a la intimidad”. Lo que se solicitó en los derechos de petición
elevados ante estos organismos no fueron sus datos personales sino la
demostración de su experticia en primatología. Algunos miembros de estos
comités son académicos conocidos y respetados en su ámbito, pero no son
primatólogos; la precisión es importante porque son personas con el poder de
definir, con base en su criterio y conocimientos, la viabilidad o parálisis de
investigaciones importantes no solo para el país sino para la humanidad. Aunque
son parte de la fauna silvestre, hay una distancia biológica enorme entre las mariposas,
los murciélagos, los mosquitos, otros mamíferos pequeños y las ranas, por
ejemplo, con respecto a los primates.
Hay más que intereses ambientales en
todo esto. Solamente el Sinchi obtuvo para la vigencia de 2015 $47200 millones
de pesos mientras los 8280 grupos más de investigación que hay registrados ante
Colciencias tuvieron que disputarse a codazos exiguos 28 mil millones de pesos,
lo cual da una idea precisa de las inequidades y favoritismos con que se maneja
la investigación en Colombia. Para comprobarlo basta con comparar la producción
científica y el impacto de las publicaciones de cada uno de estos grupos. Algo
va del estudio de las propiedades y delicias del ají amazónico a la formulación
de las reglas para la producción de vacunas químicamente hechas.
Lo que sigue para Patarroyo es un
pantano de idas y venidas en busca de unas reglas de juego claras y acordes con
la realidad de la investigación científica en el país, por las que ninguno
responde. Mientras aparecen, es oportuno recordar que cada minuto muere una
persona por malaria en el mundo y 17 millones cada año por enfermedades que
podrían prevenirse si tuviéramos las vacunas necesarias. Las demoras injustificadas
en el desarrollo de vacunas y procedimientos se pagan en vidas humanas.
Fernando Márquez
No hay comentarios.:
Publicar un comentario