Tras prohibir utilizarlos para estudios de malaria, nativos que los capturaban están indignados.
San Juan de Atacuari. El litigio por los micos nocturnos de Manuel Elkin Patarroyo no terminó con la reciente sentencia del Consejo de Estado que le prohíbe utilizarlos para las investigaciones de malaria. Los nativos que capturaban los animales están en pie de guerra, no se quedarán de brazos cruzados.
Por la ribera del Amazonas, desde Leticia hasta San Juan de Atacuari, el último poblado colombiano, fronterizo con Perú, las autoridades aborígenes respiran indignación contra Ángela Maldonado y los magistrados.
“No vamos a permitir que una aparecida, una señora que llegó ayer a la Amazonia, aplaste a la organización indígena con mentiras”, señala Wilson Laureano, coordinador de Territorios de Aticoya, entidad que agrupa a 22 comunidades de los pueblos ticuna, cocama y yagua. “Se presenta ante el mundo como única defensora y protectora de la Amazonia, dice que nosotros somos los peores depredadores de la fauna y flora. Lo que pedimos es que ella, que violó la autonomía indígena, se retracte de todo lo dicho y pida perdón por los mismos medios en que nos ha difamado”.
Los dardos están dirigidos contra la mujer que acusó a los curacas (máxima autoridad) de corruptos y traficantes de animales, y a Patarroyo de poner en riesgo de extinción e importar de manera ilegal la especie Aotus (micos nocturnos). El científico deberá buscar una fórmula alternativa para realizar sus ensayos de la vacuna contra la malaria.
“Esa señora, ni su Fundación Entropika, puede entrar al territorio de Aticoya, decisión avalada por el Consejo de ancianos. Si lo hace, la Guardia Indígena debe apresarla”, agrega.
En su casa de Leticia, Ángela Maldonado asegura que debido a sus denuncias, que considera irrefutables, su vida corre peligro. “El año pasado tuve que irme seis meses a Bélgica, de donde es mi esposo, por seguridad”.
Su historia con los micos arranca unos lustros atrás, cuando vivía en Pasto con su novio de entonces. Trabajaban en un supermercado y un buen día un camionero dejó un mono abandonado. Ella lo rescató y ese gesto hizo que su vida diera un giro. Se entusiasmó con los primates, comenzó a estudiarlos, primero como autodidacta, lo que le llevó a pasar dos años en la selva profunda del Vaupés, y más adelante realizó una maestría y un doctorado en Conservación.
“Entre el 2008 y el 2011 recogí abundante información y evidencias en la Amazonia sobre lo que estaba ocurriendo con los Aotus. Hice un estudio con la Universidad San Marcos de Lima”, señala. Los datos le hicieren concluir que la especie Aotus nancymaee, de cuello amarillo, que los indígenas vendían a la Fidic de Patarroyo, es originaria de Perú y Brasil, no la hay en Colombia. “Los de nuestro país son de cuello gris. Hay especies de micos que tienen una barrera geográfica que es el Amazonas. Lo que ocurre es que cogieron micos en Perú, se los vendieron a Patarroyo y después los liberaron en Colombia”. Su revelación le mereció el Premio Whitley Gold, conocido como “el Oscar verde”.
A su juicio no solo sufren los animales, que según ella son devueltos a su entorno en malas condiciones después de pasar por el laboratorio y muchos mueren. También la selva porque los indios tumban los árboles donde duermen los micos para darles caza.
Los curacas y los colectores de primates rechazan de manera categórica sus denuncias. Ni tumban árboles ni cogen micos fuera de Colombia, aseguraron todos los que entrevistó este diario. Y encuentran incongruente hablar de nacionalidades de los animales en el universo amazónico. Ellos, que sí conocen la selva desde niños, no han visto las barreras infranqueables que señala Maldonado puesto que hay zonas donde pueden pasar de Colombia a Perú sin problemas.
“Hay ONG que han cogido el Amazonas como marca y tienen que montar escándalos internacionales para sustentar los recursos que les dan”, dice Fernando Mejía, director del noticiero local de RCN, reconocido por sus fuertes denuncias de todo orden. “Gastan millonadas en estudios chimbos”.
‘De eso vivíamos’
Fue la comunidad 7 de Agosto la primera que proporcionó micos a Patarroyo, allá por 1987. Lucía Macedo, de 65 años, explica que tres décadas ayudando a colectar monos le dan autoridad para rechazar la batería de acusaciones.
“Es puro cuento que se miraban micos muertos en el monte, como dice esa señora. Yo acompañaba a mi marido, mi cuñado, éramos un grupo. A veces se encontraba un nido, a veces nada, y no tumbaban árboles, se trepaban a ellos para agarrarlos”, cuenta. “Cogiendo micos es que levanté a mi familia, hicimos la casa. De eso vivíamos en tiempos de inundaciones y ahora quedamos sin nada”.
Patarroyo pagaba entre ochenta y cien mil pesos por ejemplar, y en esos parajes remotos, donde los ríos cubren las chacras varios meses por año y no hay fuentes de empleo, escasean las alternativas a los ingresos que obtenían con Fidic, su único sustento durante el invierno.
El hijo de doña Lucía, Gildardo Vásquez, de 32 años, que fue curaca, aprendió el oficio de sus mayores. “Yo trabajé dieciséis años de colector y siempre los cogimos en nuestra comunidad, 7 de Agosto, jurisdicción de San Juan de Atacuari. Teniendo los micos en Colombia, para qué ir a Perú a meterse en problemas. Eso no es que uno entre a la selva sin más, allá también existen comunidades indígenas con autonomía sobre su territorio y hay que pedir permiso para ingresar y colectar una especie. Para trabajar con micos, Patarroyo tuvo que reunir a los curacas de la región, hablar con el Congreso y explicar sus intenciones. Además, la Fidic va a las comunidades cada tres meses para socializar la manera de colectar micos sin causar daños a la selva ni a la especie”.
Las capturas
Los colectores salían de noche en partidas de cuatro y cinco personas, para detectar los “nidos” –un hueco en los troncos–. Sabían que los micos irían a dormir tan pronto despuntara el día. Señalaban los árboles y regresaban al poblado a descansar unas horas. Cuando el sol estaba alto, volvían a la selva. Trepaban el palo y tapaban con una lona el hueco por donde habían ingresado los monos; después, hacían otro agujero para obligar a los animales a huir por él en cuanto armaban bulla con palos para ponerlos en fuga. Salían aturdidos y los capturaban con facilidad.
“Si estuvieran en peligro de extinción, no los encontraríamos cerca del pueblo después de tantos años. Y la deforestación que dice Maldonado sería evidente”, apunta Gildardo Vázquez.
Una vez reunían varios animales, los trasladaban en lancha hasta Fidic en Leticia. Solo los colectores previamente registrados podían entregarlos, debía ser viernes por la mañana y en presencia de delegados de Corpoamazonia, Policía ambiental y el Comité de Ética, entre otros.
“La de Amazonas es una frontera tan frágil, tan porosa, tan grande, que no es posible determinar que los micos no cruzan a ambos lados. Pero todo lo que afirma Maldonado son supuestos, no hay ningún argumento contundente en sus estudios”, asevera Héctor León Porras, un paisa que dirige el ICA en Leticia desde el 2009 y es miembro del Comité de Ética, organismo que supervisa el trato a los animales en las investigaciones.
“Nosotros vemos cómo trabajan los colectores, se suben a los árboles, no los tumban. También siempre voy a las liberaciones, que se hacen en el mismo lugar donde se capturan, y así mismo garantizamos que los micos estén en perfectas condiciones en la Fidic. Gané mi puesto por concurso, mi único interés es proteger la Amazonia y los animales”.
Le sorprende que el Consejo de Estado no los convocara para conocer otros argumentos que les ayudara a decidir el sentido del fallo. Igual opina Luz Marina Mantilla, directora del Sinchi (Instituto de Estudios Amazónicos). “La discusión científica no debe ser mediática y nosotros podemos aportar”, aduce. “Son 116 kilómetros de frontera del Trapecio Amazónico y acabamos de terminar un estudio con la Universidad Nacional sobre la presencia de los Aotus, que aún no se puede hacer público y que es el más completo hasta la fecha, aunque hay que seguir profundizando”.
Este diario conoció que el ‘Estudio de campo del género Aotus al sur de la Amazonia colombiana, Fase 1’, al que se refiere Mantilla, concluye que la especie nancymaae, la que está en el centro de la polémica, puesto que Maldonado y otros estudiosos afirman que es exclusivamente peruana, existe de tiempo atrás en territorio colombiano y no corre riesgo de desaparecer.
Hasta qué punto ese descubrimiento arrojará luz sobre una disputa jurídica que ha desbordado el ámbito puramente científico, es incierto. A Maldonado la respaldan ONG foráneas, además de dos sentencias de tribunales colombianos, uno de los cuales –Consejo de Estado– estudia la apelación de Patarroyo.
“No entiendo cómo el Consejo de Estado solo la escuchó a ella. Maldonado nunca hizo la consulta previa para estudiar los monos, como marca la ley”, insiste Manuel Ramos, presidente de Aticoya.
“Si fuera científica, la respeto. Pero ella y el marido no sabemos de dónde aparecieron, se atreve a hacer afirmaciones sin base. Los monos están sanos y no en peligro de extinción. Si no nos escuchan en Colombia, vamos a defender ante la Corte Internacional nuestra causa, que es la investigación de la vacuna contra la malaria y la autonomía sobre nuestro territorio”.
SALUD HERNÁNDEZ – MORA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
