La justicia debe apoyarse en la Academia y en la comunidad científica, ojalá internacionales, para tener una visión clara de un problema de magnitud descomunal, imposible de ser tratado únicamente a la luz de códigos, manuales y sentimientos, en el que hay involucrados muchos más intereses de los que se aprecian a simple vista. Nadie deseará pasar a la historia por ser quien lleno de buenas intenciones erró en materia tan grave.
No es lícito olvidar que cada 30 segundos muere de malaria una persona y que la mayoría de ellos son niños, por lo tanto cualquier retraso en esta u otras investigaciones que busquen preservar la salud tiene un costo impagable en vidas humanas, la máxima expresión del bien común.
La necesaria preservación de los ecosistemas y del ambiente debe, so pena de perder su esencia, considerar la salud y la vida humanas como ejes alrededor de los cuales se articulen y hagan funcionar las políticas ambientales, no siempre coherentes y que, bien sabido es, se mueven al vaivén de grandes intereses comerciales, como ocurre con la explotación indiscriminada de recursos mineros o turísticos, por ejemplo.
El fallo en contra de la FIDIC representa un verdadero tiro en el pie para la actividad científica nacional, de la que Patarroyo y su Instituto son un componente importante ya que producen con casi ningún presupuesto de origen colombiano, mas del 40% de la ciencia que se hace en el país, esfuerzo que debe ser apoyado por todos los colombianos, empezando por las mas altas instancias gubernamentales. El problema es, sin ninguna duda, de vida o muerta para millones de seres humanos que se cuentan entre los más vulnerables de la tierra.
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