Por eso el fallo en contra de la FIDIC, el instituto de investigación que dirige el Profesor Patarroyo, tiene un efecto devastador para los millones de seres humanos que estas enfermedades matan cada año y del enorme costo económico que significa el tratamiento, cuando se proporciona, de estas personas. Fallo para el que no se consultó ni a la Academia ni a la comunidad científica colombiana.
Para la investigación el golpe es letal. Él y su grupo producen cerca del 40% de la ciencia de punta que se hace en Colombia con poco o ningún presupuesto nacional, a diferencia de las multinacionales farmacéuticas, que disponen de recursos prácticamente ilimitados para publicidad, mercadeo e investigación y desarrollo.
El cierre de la FIDIC significa que el país pierde, además de un porcentaje más que significativo de su producción científica, un centro de investigación de excelencia, en el que se han formado cerca de 50 Doctores y centenares de Magíster, capital humano que difícilmente permanecerá en el país debido a las enormes dificultades que supone hacer ciencia en Colombia. De hecho, muchos de ellos agobiados por las dificultades económicas, ya emigraron hacia países que harán uso para su propio beneficio del conocimiento y la experiencia que nos pertenecen, que debería salvar vidas aquí.
Se pierden 35 años de trabajo, miles de millones de pesos invertidos, equipos de difícil adquisición y costosa materia prima, pero, sobre todo, se pierde la confianza. La comunidad científica y la academia quedan notificadas de que hay intereses frente a los cuales nada significa su trabajo, que son ignoradas en circunstancias en las que su opinión es imprescindible. Y que no se invoque la protección del ambiente o de los recursos naturales como excusa; el gobierno planea entregar 17 millones de hectáreas del Amazonas para explotación minera sin que, con un par de honrosas excepciones, en el país se haya dicho algo sobre lo que esto significa, pese al recordatorio cruel que es el Chocó.
A la ofensiva económica, jurídica y mediática emprendida contra Patarroyo se suma ahora un veto “por razones éticas”, de alguna publicación científica internacional. “Hemos sido contactados por un tercero respecto a su artículo. Se nos sugiere que los experimentos descritos en su manuscrito podrían no cumplir con estándares éticos de la investigación”, se lee en un comunicado reciente mediante el cual se informa que el artículo mencionado, que representa dos o tres años de trabajo intenso y mucho dinero invertido, no se publicará, lo cual demuestra que el tercero de que habla la carta dispone de mucho más que buena voluntad para lograr sus propósitos.
El país no puede permanecer impasible ante lo que representa una tragedia de proporciones catastróficas para los grupos más vulnerables de la población colombiana y mundial, ni puede ignorar el hecho de que para la industria farmacéutica todos somos parte de un vasto mercado en el que no hay concesiones de ninguna especie, so pena de que sean estas compañías las que le pongan precio a la vida de cada uno.
Que no se prohíbe la investigación sino el empleo de los monos con los que se efectúan las pruebas, dice el fallo de la justicia colombiana, es decir, no le prohíben manejar, solo le quitan el carro. Quizá desconozcan los jueces que los monos no se asesinan sino que se tratan y se devuelven a su hábitat natural sanos y en buenas condiciones, a diferencia de dos millones de personas que mata la malaria y de las 3000 mujeres colombianas que mueren cada año por cáncer de cuello uterino.
Fernando Márquez
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