La mujer que insiste en acusar a Patarroyo

La revista Semana.com publicó el 2 de febrero de 2015 un artículo titulado “La mujer que insiste en batallar contra Patarroyo” en el que Ángela Maldonado cuestiona la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado de revocar el fallo de la Sección Tercera y le devuelve a Manuel Elkin Patarroyo la posibilidad de utilizar monos para probar las vacunas que se producen en la FIDIC.

La revista acoge sin contrastar los puntos de vista de la señora Maldonado: “Tras la polémica que se abrió esta semana después de conocerse que el Consejo de Estado abrió una puerta para que el inmunólogo colombiano Manuel Elkin Patarroyo, famoso por su trabajo en pro de una vacuna sintética contra la malaria, siga empleando para sus experimentos científicos la especie de primates amazónicos Aotus vociferando, sus detractores insisten en alzar la voz”. 

 

Para empezar, la especie que se menciona en el artículo se llama Aotus vociferans, no Aotus vociferando. Estos son temas importantes y de interés público que los redactores de la revista deben estudiar y preparar muy bien para informar correctamente a sus lectores. 

“Ella ha luchado, casi que en solitario, contra el poder de Patarroyo, y ha interpuesto innumerables recursos judiciales para que las autoridades colombianas protejan la especie con la que el científico hace sus experimentos. A ella le han caído rayos y centellas. Pero sigue adelante porque tiene la firme convicción de que hace lo correcto”, continúa el artículo.     

El Consejo de Estado, la Sección Cuarta específicamente, no tenía opción distinta a enmendar el fallo de la Sección Tercera, en cabeza del señor Gil Botero. El Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia, IGUN, el Instituto de Investigaciones Amazónicas, SINCHI, Corpoamazonia y el Ministerio de Ambiente, que son las autoridades en la materia, realizaron un estudio conjunto llamado “Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica No. 10F”,  que terminaron el 27 de diciembre de 2011, hace más de 3 años, pero que no publicaron. 

Los resultados de ese estudio demostraron, científicamente, que la especie objeto de las demandas por tráfico ilegal de especies animales también existen en Colombia desde hace mucho tiempo, lo que desvirtúa automáticamente tal acusación. No corregir el error de la Sección Tercera habría sido un contrasentido jurídico de proporciones inimaginables. Es como si, después de condenar y encarcelar a alguien por algún presunto delito, aparecieran unas pruebas que estaban guardadas y que demuestran la inocencia del reo, pero el juez, arbitrariamente, decide mantenerlo preso porque ya lo condenó y tiene razones que solo él conoce para no enmendar el error.  Absurdo. 

Era previsible que la señora Maldonado impugnara la decisión del Consejo de Estado, al fin de cuentas es lo que viene haciendo desde hace años, como si demandar a Patarroyo fuera su razón de ser, su oficio. Su discurso, siempre el mismo disco rayado, refiere que ella no se opone a la investigación, que solo busca salvar a los miquitos y que la primera razón de su demanda, que se puede ver en su página de Internet, es en defensa de la moralidad pública.

  

Que Patarroyo tiene que montar un criadero de micos, dice una y otra vez, desconociendo las bajas tasas de reproducción de los micos en cautiverio, la distorsión de los resultados debido a las variaciones genéticas ocasionadas por la endogamia, las dificultades para rotar las poblaciones y otras razones que debería conocer bien pero que ignora u omite, simplemente.  Y, lo más grave, estos animalitos criados en cautiverio no podrían ser liberados en los bosques porque no sabrían como alimentarse y sobrevivir en ellos, tendrían que sacrificarse o asumir los costos de la manutención durante toda su vida, que es de alrededor de 15 años.  En la FIDIC los micos solo se utilizan una vez para las pruebas, se alimentan y tratan y luego se liberan en las zonas en que se capturaron, que es la manera correcta de mantener el balance poblacional.  

Con este panorama era impensable algún gesto altruista, que antepusiera la posibilidad de salvar muchas vidas a sus propios intereses y objetivos, por muy nobles que parezcan. Hasta las autoridades mencionadas arriba son, según ella, cómplices de los supuestos delitos de Patarroyo y su poder, que si lo tuviera no tendría tantas dificultades para hacer su trabajo: no tiene presupuesto, no tiene el personal científico necesario, no tiene sede y tampoco tiene micos, le quitaron todo.  A los poderosos toca buscarlos en otro lado. 

Las decisiones judiciales son acertadas cuando le convienen, cuando no, “Todo es ridículo y no tiene sentido ni jurídico ni legal. Esto hace parte de las inconsistencias del fallo”. Uno de los más altos tribunales colombianos es incompetente para decidir en derecho, según se desprende de sus afirmaciones. Antes era justo y recto, ya no. Que tenga un poco de respeto por  quienes intentan hacer bien su trabajo, por favor.  

  

Los micos, cualquier otro animal, todos los recursos naturales deben ser objeto de respeto y protección, pero no más que los millones de seres humanos que necesitan urgentemente una manera eficaz y gratuita para protegerse de las enfermedades que los matan, posibilidad que las voraces multinacionales farmacéuticas no les darán nunca. De lo que se trata es de salvar vidas humanas, la de los micos, ya se demostró, está garantizada;  ellos vuelven a su hábitat natural en buenas condiciones después de las pruebas, a menos que el IGUN y el SINCHI, Corpoamazonia y el Ministerio de Ambiente hayan desarrollado el estudio de marras “presionados por el terrible y todopoderoso Patarroyo”.  Pura paja. 

Fernando Márquez