Es
lo menos que podía hacer la justicia colombiana: desmontar el adefesio jurídico
del Consejo de Estado que condenaba a muerte a millones de seres humanos desvalidos,
niños en su mayoría, con base en argumentos más que discutibles, para
beneplácito de la industria farmacéutica. El trabajo del Profesor Patarroyo y
la FIDIC es la única alternativa real que tienen de acceder a vacunas
gratuitas, las demás, si es que algún día producen alguna que funcione, deberán
pagarla en dólares o morir.
Tanto
el Instituto de Genética de la Universidad Nacional, IGUN, como el SINCHI,
Instituto de Investigaciones Amazónicas, produjeron y publicaron sendos
estudios en los que se demuestra, científicamente, que los micos que se le
acusaba de traficar al Profesor Patarroyo sí existen en Colombia, es decir, lo
del tráfico fue producto de las tramoyas de algunos interesados, que los señores
del Consejo de Estado acogieron sin mayores análisis, sin haber consultado a
los que saben, a la comunidad científica, según se desprende del fallo que “deja sin efectos la sentencia proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, de 26 de Noviembre de 2013 y en
consecuencia la proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca”
La
pregunta que debía responder la justicia es una sola: si después de condenado
alguien, aparecen unas pruebas que demuestran su inocencia, ¿se debe mantener
la condena porque ya se vencieron los plazos?
Ojalá
los acusadores de Patarroyo entiendan que este no es un triunfo de él sino de
la justicia, de la humanidad entera, y lo dejen desarrollar su trabajo sin
quitarle más tiempo valioso en demandas y alegatos estériles que solo
benefician a unos pocos pero le cortan de raíz la esperanza de vivir a millones
de seres desprotegidos. Talvez sea demasiado pedir, pero nada se pierde con intentarlo.
En todo caso, si insistenen seguir demandando, deben saber que aunque se demore, aunque se equivoque, aunque a veces se deje utilizar, la verdadera justicia siempre se impone.
Fernando
Márquez
·
Desde noviembre de 2013, el científico
colombiano Manuel Elkin Patarroyo fue impedido por la Subsección C de la
Sección Tercera a continuar con la captura de micos del género Aotus, vitales
para la investigación sobre la vacuna contra la malaria.
Con este fallo de tutela, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado protege el derecho fundamental a la investigación
científica y al debido proceso de la Fundación Instituto de Inmunología de
Colombia.
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