viernes, 22 de mayo de 2015

El respeto de la flora y fauna en las investigaciones científicas

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Tiene razón al estar preocupada la comunidad científica. Solemos mirar este tipo de cosas desde una óptica emocional, sin análisis de ninguna clase, excepto cuando el enfermo o muerto es alguien cercano. Son incontables los procedimientos y medicamentos que se prueban, en todo el mundo, en animales de todas las clases. Sin ellos solo existirían dos escenarios posibles: la parálisis total de la investigación, con sus devastadoras consecuencias, o la  realización de la experimentación directamente en humanos.

Habría que ver si los que con tanta tenacidad se oponen al empleo de animales para pruebas biomédicas estarían dispuestos a tomar su lugar o si, por lo menos, dejarían de consumir carne o cualquier otro alimento de origen animal que implique utilizarlos o estresarlos.  Las buenas intenciones de estas personas, que existen en muchos casos, no son suficientes para frenar la expansión de enfermedades y muertes, muchas de las cuales podrían evitarse, para lo cual la experimentación es requisito ineludible. Una cosa es la obligatoriedad de garantizar un trato digno y respetuoso a los animales utilizados y otra distinta oponerse por principio o por moda sin que exista alternativa diferente.

Ojalá la institución ecológica que menciona el artículo o los jueces y magistrados que posan de animalistas ofrecieran alguna solución pertinente y practicable en lugar de limitarse únicamente a pontificar, señalar y sancionar sin consultar siquiera a quienes realmente conocen el asunto: los científicos.  

Lo que debe prevalecer es el sentido común, la inteligencia, la obligación de preservar y proteger la vida y la salud de todos. Muy triste tener que usar animales para realizar las pruebas, pero más triste aún saber que hay miles de personas que mueren cada día -no es exageración- y que su salvación se vea obstaculizada por personas para las que es más importante un animal que un niño.   
    
Una arista, no muy conocida por la opinión pública, es la feroz competencia existente entre los grupos de investigación creados por la industria farmacéutica, que no se destaca por su altruismo, sino por la comisión de delitos sancionados penalmente y por el poder corruptor que les conceden sus multimillonarias utilidades, entre los que se cuentan el soborno a los médicos, el encarecimiento artificial de sus productos, la elevación a la categoría de enfermedad de muchos procesos naturales, la propaganda negra y, no lo duden, la financiación de grupos ecologistas, ambientalistas, animalistas, fundamentalistas o de cualquier otro orden para que hagan ruido y obstaculicen el trabajo de sus competidores, uno de los cuales es Patarroyo con su grupo, la FIDIC, que trabaja para donar sus producción científica, a diferencia de quienes han hecho de la enfermedad un negocio fabuloso.
  
Fernando Márquez


La batalla judicial de Elkin Patarroyo contra una institución ecológica puede marcar el futuro de la investigación científica en Colombia.

A principios de febrero se dio inicio a un enfrentamiento entre las salas del Consejo de Estado sobre la posibilidad o no de utilizar animales con objetos científicos, el cual aún no ha terminado. 

La importancia de la confrontación, además de decidir sobre el futuro científico del país y la utilización de especies silvestres para este objeto, también llama la atención porque se encuentra directamente implicado las investigaciones del más, si no importante, renombrado científico colombiano, Elkin Patarroyo. 

Este importante científico se encontraba realizando investigaciones con los micos amazónicos “Aotus vociferans”, pero un fallo de la sala tercera de esta corporación, a finales de 2013, lo sancionó por tres años y medio y se le prohibió la captura de estos monos. El científico mencionó que esta decisión condenaba al fracaso sus investigaciones de encontrar una vacuna altamente efectiva contra la malaria y de otras contra la tuberculosis, el papiloma, algunos tipos de cáncer y hasta el sida. 

Luego de un poco más de un año, la sala cuarta revocó esta decisión y ordenó “el levantamiento automático de la suspensión provisional de los permisos otorgados mediante las Resoluciones […] para el proyecto ‘Captura y estudio de Investigación Científica en diversidad biológica de primates en la cuenca del Rio Amazonas en el Trapecio Amazónico Colombiano’”. De manera más clara, le dio vía libre a Patarroyo para que siga con sus investigaciones. 

Esta decisión ya fue apelada y se espera la última palabra por parte de la sala quinta de este alto tribunal 
La razón de esta decisión se dio por varios motivos: 
El primero es el pragmático, con el que se mencionó que los aportes científicos que se venían acumulando con estas investigaciones que podría “salvarles la vida a miles de personas”. Esta misma sala también mencionó que no se debe desconocer que para el avance científico, “el uso de animales es definitivamente indispensable”. 

El segundo es el jurídico, en el que se dispuso que los animales no están sujetos a los mismos derechos de los seres humanos, si no que estos deben ser objeto de una especial protección jurídica con el fin de evitar su sufrimiento y dolor. De este modo, no se podría hablar de un derecho a la vida de los animales. 
La sala cuarta mencionó también que a esta especie no se le puede aplicar la protección a los derechos colectivos, primero porque esto es limitado a los seres humanos y segundo porque no se aplicarían a un grupo específico. Además el demandado –Patarroyo- demostró que estos animales no sufrían: “se utilizan una vez y se devuelven a su hábitat natural”. 

Las reacciones no se hicieron esperar. Por parte de la comunidad científica se ve con preocupación un nuevo retroceso de esta jurisprudencia. Para ellos el Estado debe garantizar las condiciones para un ambiente pleno para el desarrollo científico; si Colombia busca ser competitivo en este sector, no pueden estar por encima los derechos de los animales, de los de la salud y el beneficio de la raza humana. 
Por otra parte, los demandantes mencionaron que ellos no estaban en contra de las investigaciones científicas, sino en contra del sufrimiento innecesario para con los animales. 

En definitiva, lo que la Comisión Quinta del Consejo de Estado está próximo a definir es la prevalencia de los derechos de los hombres a beneficiarse de adelantos científicos o de los animales a no sufrir de manera innecesaria por consecuencia de estos experimentos. La respuesta, aunque parece obvia, puede llevar al desarrollo de nueva jurisprudencia para el trato de animales.




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