Las notas escritas recientemente
sobre el profesor Manuel Elkin Patarroyo en EL ESPECTADOR, bajo los títulos “Patarroyo
está desinformando a la comunidad científica: Consejo de Estado”, “Consejo
de Estado aclara que no ha ordenado cancelar las investigaciones científicas”,
y “Patarroyo
tiene que adecuarse a la ley” son pronunciamientos oficiales de este
órgano judicial cuyo canal natural no son los medios de comunicación.
La carta firmada por la
comunidad científica colombiana rechazando el fallo que le prohíbe a la FIDIC
utilizar micos para probar péptidos candidatos a vacuna, que abre la puerta
para que en el futuro cualquiera con argumentos de tinte ecologista les impida
utilizar animales, ha tenido el efecto de poner a los miembros del alto
tribunal a dar explicaciones no pedidas, a justificar su dictamen y a tratar de
enmendar de cualquier manera su equivocación. Obviamente solo analizaron la parte más pequeña
de un problema complejo y de grandes dimensiones que ahora no saben como
manejar.
Antes de atender los
argumentos de los interesados en demandar a Patarroyo y su grupo han debido pedir
y escuchar la opinión de los científicos, especialmente de los que utilizan
animales para desarrollar su trabajo académico e investigativo, que apenas ahora
caen en cuenta del riesgo que se les avecina de prosperar tal sentencia.
Lo grave del asunto no está
en lo que digan, sino en la manera equivocada que escogieron para hacerlo.
Patarroyo, como cualquier ciudadano colombiano, tiene el derecho a la
protección de su vida, honra y bienes, derecho elemental consagrado en la
Constitución Nacional. Si los encargados de hacer justicia no tienen reparo en
salir a dar declaraciones en las que se acusa y compromete el buen nombre del científico colombiano, aquello de la justicia
pronta y cumplida que ordena la Constitución no es ni lo uno ni lo otro. Ni
siquiera fueron a conocer por si mismos las condiciones en que se utilizan los
micos en la FIDIC.
Faltan seriedad y respeto
por quien ha puesto el nombre de Colombia en el escenario científico mundial;
no es por simpatía que figura en los libros de historia y ha sido objeto de
reconocimientos de la mayor importancia en todo el mundo, a menos que los
Honorables Magistrados crean que los investigadores, varios premios Nobel entre
ellos, son un montón de tontos fáciles de engañar. Lo
mejor que pueden hacer por el país es reconocer que se equivocaron, asesorarse
bien y revisar el fallo y sus consecuencias, que nada bueno le aportan a la
ciencia hecha en Colombia.
Fernando Márquez
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