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Tardó demasiado la comunidad científica en
pronunciarse. Talvez cayeron en cuenta de que la embestida contra Patarroyo y
la FIDIC es solo la primera de muchas por venir. En este país, tan dado a los
extremos, no sería nada raro que un día de estos prohibieran utilizar ratones,
conejos o cerdos para las pruebas y, si nadie dice nada, comer carne de vaca o matar
pulgas y moscas, que también son criaturas de Dios o forman parte de
ecosistemas complejos cuyo desequilibrio puede provocar la desaparición de alguna
clase de pájaros en algún lugar del mundo. Vaya uno a saber!
"Uno de los
requisitos para que un medicamento sea probado en humanos es que ya haya pasado
la etapa de evaluación en animales en laboratorio. Es decir, que si esto no se
puede permitir más se impide la realización de innovaciones científicas. Por lo
tanto, no se puede crear más medicamentos ni vacunas", insisten los
investigadores, quienes alertan sobre una posible "paralización" de
la 'locomotora de la innovación'.
El problema, como pueden ver, no es solamente de los
investigadores y científicos, sino de todos los colombianos, de todo el mundo.
¿Como es posible que los abogados tomen decisiones médicas o científicas sin
asesorarse adecuadamente? ¿desde cuando la versión de una sola de las partes
basta para fallar, literalmente?
Lo grave no es que los jueces sean ignorantes e
incompetentes en la materia, se prepararon para otra cosa, sino que hagan
caso omiso de las advertencias de los que sí saben, que ignoren documentos de
importancia crítica para abordar el problema, como el informe del Instituto de
Genética de la Universidad Nacional que demuestra la existencia de Aotus Nancymaae nativo en Colombia, o que
no se les ocurra pensar que su tesis va en contravía del derecho fundamental de
la humanidad, el derecho a la vida, que por principio deben defender.
Ojalá, para bien de todos los colombianos, estos señores tengan
la suficiente inteligencia, la grandeza necesaria para enmendar su error,
cometido de buena fe, seguramente, pero no por eso menos lesivo y peligroso
para el país. La antítesis del derecho, de la humanidad y de la sociedad de la
información que nos tocó vivir, para felicidad de quienes con argumentos
barnizados de verde trafican con la vida y la salud de todos.
Fernando Márquez
Por: MARÍA DEL PILAR CAMARGO CRUZ |
Advierten que decisión en contra del inmunólogo impide la creación de medicamentos y vacunas.
El
fallo del Consejo de Estado que prohíbe al inmunólogo Manuel Elkín
Patarroyo recolectar monos 'Aotus' para sus investigaciones contra la
malaria, preocupa a algunos científicos del país.
ELTIEMPO.COM
conoció una carta -firmada por 16 organizaciones científicas, y centros
y grupos de investigación relacionados con el tema de las enfermedades
tropicales-, en la que se defiende a la Fundación Instituto de
Inmunología de Colombia (Fidic) y a Patarroyo, su representante
científico.
"Los
grupos científicos del país consideran de suma gravedad para el
desarrollo de la investigación científica, el cierre del Centro de
Primates del Dr. Manuel Elkin Patarroyo (…) Con esta decisión se impide
que continúe avanzando la investigación científica orientada a la
búsqueda y el desarrollo de medicamentos y vacunas para la salud humana
", se lee en la comunicación, la cual dirigen a la presidenta del
Consejo de Estado, María Claudia Rojas.
El
promotor de la iniciativa es Iván Darío Vélez, director del Programa de
Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (Pecet), de la Universidad
de Antioquia. El médico anota que desde el pasado 23 de abril ha recolectado más de 150 rúbricas de científicos.
Detalla que cuenta con las firmas de Eduardo Posada y Ángela Restrepo, miembros de la Comisión de Sabios; Patricia del Portillo, directora ejecutiva de Corpogen; Luz Elena Castrillón, directora científica del Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica (Cecif); y Andrés Trujillo, director del Instituto Colombiano de Medicina Tropical.
A
la iniciativa también se sumaron organizaciones, y centros y grupos de
investigación como la Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB),
la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), Maloka
Centro Interactivo, el Centro Internacional de Física y el Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología (OcyT).
La academia también se unió a la campaña. Por parte de la Universidad de Antioquia, firmaron: el
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (Pecet), el
Grupo Malaria, el Grupo Salud y Sociedad, el Programa Ofidismo, la
Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales, el Grupo
Biología y Control de Enfermedades Infecciosas (BCEI) y el Grupo
Investigador de Problemas en Enfermedades Infecciosas (GRIPE).
Por
su lado, la Universidad Nacional está representada por el Grupo
Inmunotoxicología (sede de Bogotá) y el Grupo Sistemática Molecular
(sede de Medellín).
En
la misiva –que se presentaría ante el órgano judicial este martes- se
aclara que todos los medicamentos y las vacunas que se requieren para
prevenir enfermedades son probados previamente en animales de
laboratorio, "bajo estándares de la ética científica y siempre con el
cuidado y la supervisión de veterinarios y biólogos".
"Uno
de los requisitos para que un medicamento sea probado en humanos es que
ya haya pasado la etapa de evaluación en animales en laboratorio. Es
decir, que si esto no se puede permitir más se impide la realización de
innovaciones científicas. Por lo tanto, no se puede crear más
medicamentos ni vacunas", insisten los investigadores, quienes alertan
sobre una posible "paralización" de la 'locomotora de la innovación'.
"El
hecho de que se haya ordenado cerrar el Centro de Primates implica la
suspensión de las investigaciones del científico del país más reconocido
internacionalmente. La gravedad es que cerrando este bioterio, el
Consejo de Estado da vía libre para que se sigan cerrando bioterios,
otros centros de experimentación de animales, lo que llevaría al freno
total de la investigación de medicamentos y vacunas", opina Vélez.
La carta va más allá y pide al Consejo de Estado revisar su determinación, conocida el pasado 29 de noviembre.
Una controvertida decisión
El
fallo de la subsección C de la Comisión Tercera del Consejo de Estado
confirmó el emitido el 4 de julio del 2012 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Ese
fallo –que respondió a una acción popular tramitada por el abogado
Gabriel Vanegas y la primatóloga Ángela María Maldonado, directora de la
fundación Entrópika- ordenó revocar a Patarroyo los permisos para la
caza científica de 4.000 monos nocturnos.
En
su sentencia, el Consejo de Estado afirmó: "Los humanos pueden servirse
de los animales para su supervivencia, para su compañía, para
investigación, en actividades laborales o recreativas, pero sin vulnerar
los derechos que les asisten".
En criterio de los científicos, ese órgano judicial tomó una decisión "muy lamentable".
"Que
un ciudadano considere que no se debe hacer experimentación con
animales y poner tutelas, es algo completamente comprensible y
respetable. Que el Consejo de Estado acoja dicha demanda sin allegar
toda la información necesaria, ni visitar el Centro de Primates del Dr.
Patarroyo, ni consultar con la comunidad científica, ignorando los
estudios de genética que contradijeron dicha demanda, y sin analizar las
implicaciones para el desarrollo de la ciencia que tiene esta
determinación, es algo muy lamentable y preocupante".
Los
científicos aseguran que el laboratorio -ubicado en Leticia, Amazonas-,
"cumple con los más altos estándares internacionales de cuidado y
manejo de animales de laboratorio y son atentidos por profesionales que
conocen su trabajo y se preocupan por garantizar el bienestar de estos
monos".
En
su momento, los demandantes afirmaron que la Fidic incurrió en tráfico
de especies al utilizar monos de origen peruano. Al respecto, Patarroyo
ha dicho que el fallo desestimó los análisis de ADN de la Universidad
Nacional que demostraron que los monos también son de origen colombiano.
Ante
ese escenario, los científicos afirman que "la decisión del Consejo de
Estado se basó en denuncias que se comprobaron no respondían a la
verdad".
"No
es cierto que el Dr. Patarroyo esté ingresando animales de contrabando,
no es cierto que la especie de primates que está en Perú no se
encuentre presente en Colombia, como científicamente fue demostrado por
los estudios de ADN del Instituto de Genética de la Universidad Nacional
de Colombia. Tampoco es cierto que los primates mueran al participar en
los experimentos, al contrario, se demostró que luego de liberarlos en
su hábitat, al final de los estudios, éstos se adaptan y se reproducen
normalmente. Estos primates, de otra parte, no están en peligro de
extinción".
El
pasado 14 diciembre, en el artículo 'Vacunas que salvarían a 17
millones de personas, en vilo por fallo', Patarroyo afirmó a EL TIEMPO
que la decisión atenta contra 33 años de trabajo dedicados a lograr una
vacuna efectiva contra la malaria. En ese tiempo, detalló, ha trabajado
con 21.148 monos.
"Siempre
he sido muy respetuoso de las instituciones y las leyes, por eso pido
que el Consejo de Estado también respete los resultados
incontrovertibles de la ciencia", dijo. Añadió que el fallo aleja "la
posibilidad de evitar la muerte de un millón de niños por malaria al
año".
Ante
esta sonada disputa jurídica, Ecuador sacó sus cartas de juego. El
vecino país quiere vincular a Patarroyo y a su equipo, a su política de
desarrollo de ciencia. "He recibido ofertas similares de otros gobiernos
e incluso de empresas multinacionales, sin embargo, esta es la primera
vez, en 45 años, que las considero seriamente", afirmó el científico a
principios de este año.
MARÍA DEL PILAR CAMARGO CRUZ
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM
@PilarCCruz
pilcam@eltiempo.com
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